Una sentencia impide derribar un taller ilegal de la Cañada Real

El Ayuntamiento de Madrid ha perdido la batalla legal que mantenía con un taller sin licencia instalado en la Cañada Real, en el límite de este asentamiento chabolista ilegal con Coslada. El taller llevaba levantado en la zona más de cuatro años y el Consistorio no había hecho nada, judicialmente, para demolerlo. Es decir, se le pasó el plazo legal (cuatro años desde la terminación de la obra) para instar su derribo a los tribunales. Esta edificación quedará en situación de "fuera del ordenamiento", según una sentencia que acaba de hacer pública el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Se trata de una sentencia que puede tener repercusión en otras miles de construcciones ilegales levantadas en la Cañada Real, ya que ha sido dictada por el máximo órgano de lo contencioso-administrativo de la Comunidad. La resolución pone de relieve que el Ayuntamiento no puede actuar contra las edificaciones que tengan una antigüedad superior a cuatro años si lo que esgrime para derribarlas es un incumplimiento de la normativa urbanística disciplinaria.

Fuentes jurídicas precisan: "El Ayuntamiento podría utilizar otros argumentos jurídicos para derribar construcciones ilegales; por ejemplo, razones de insalubridad, o bien que se trata de recuperar suelo propio, pero no puede esgrimir que incumplen la disciplina urbanística municipal".

En la Cañada Real hay miles de chabolas que pueden acogerse a esta norma si, al menos en parte, están construidas con ladrillo o componentes férreos.

El Ayuntamiento ya no podrá hacer nada contra el taller (ubicado en el número 145 de la Cañada Real Merinas). El dueño del taller ilegal, cuyas iniciales son Carlos M. G., puede pintar las paredes de su negocio o arreglar las goteras. Es decir, el mantenimiento estrictamente necesario, pero no podrá hacer obras de reforma ni de consolidación de la estructura. El inmueble estará ahí hasta que se caiga por ruina, según el Tribunal Superior.

Tras muchos años funcionando sin licencia, el Ayuntamiento, dueño del suelo de la Cañada Real, se dio cuenta de la existencia del taller y lo llevó a los tribunales para derribarlo. Alegó, y ahí estuvo su fallo, que el taller incumple las normas de disciplina urbanística. Por esa vía aflora el plazo de cuatro años. El Ayuntamiento obvió ese plazo y pidió derribarlo porque el taller estaba situado en una vía pecuaria, según explica el letrado que ha defendido al dueño del taller, José Francisco Alcalde Calvo.

El Juzgado de lo Contencioso número 2 dio la razón al Ayuntamiento y estableció un plazo de 15 días para su derribo. Pero el dueño recurrió a la Sección Segunda del Tribunal Superior, que preside Juan Francisco López de Hontanar. Ahora, el tribunal ha revocado la sentencia del juez de primera instancia. Da la razón al dueño del taller, y lo explica: "La acción de restauración de la legalidad esta limitada en el tiempo". El Ayuntamiento declaró ayer que no ha recibido todavía la sentencia, por lo que no puede opinar hasta que la conozca.