La policía estudia en el campus

La Universidad Rey Juan Carlos lidera con el Cuerpo Nacional de Policía un proyecto europeo contra el crimen organizado. Durante 27 meses y con unos fondos de 400.000 euros, buscarán herramientas para formar a policías en la detección de delitos económicos y para mejorar la colaboración entre los países europeos en ese ámbito. Quieren seguir el rastro a las redes de crimen organizado de la forma más eficaz posible. Por ejemplo, controlar la trayectoria de un traficante de drogas que opere en Francia pero invierta sus beneficios en la Costa del Sol.

El plan incluye tres proyectos. El primero es un programa de formación para investigadores de delitos económicos, que coordina la Rey Juan Carlos. También recopilarán estadísticas y registros centralizados con bienes y fondos provenientes del crimen organizado. Por último, elaborarán un Libro Blanco que debe aprobar la Comisión Europea y que servirá para mejorar el trabajo en las Oficinas de Recuperación de Activos y en las Oficinas de Administración de Activos, encargadas de gestionar los bienes incautados a los delincuentes.

Funcionarios de 27 estados se formarán durante un mes en Madrid

España es el país que más datos gestiona sobre este tipo de crímenes

Es el proyecto policial europeo más importante subvencionado por la Comisión Europea, según una nota de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.

La Rey Juan Carlos, la más joven de las seis universidades públicas madrileñas, participa en el proyecto gracias al trabajo de dos profesores titulares de Economía de la Empresa que dirigen la Cátedra de Investigación Financiera y Forense: Pilar Laguna, directora de la cátedra, y Jesús Palomo, director de Investigación. "Hemos impartido varios cursos sobre prevención de blanqueo y eso nos puso en contacto con la policía", asegura Palomo. En el proyecto, que durará hasta mediados de 2012, también participan como socios representantes de Europol y de unidades policiales especializadas de Reino Unido, Polonia, Hungría y Bélgica.

La universidad madrileña se encarga de la formación para la que han previsto un ensayo general. Durante un mes prepararán a un grupo de policías de los 27 Estados miembros de la UE con clases presenciales en las dos primeras semanas y dos con seguimiento online después. El material se distribuirá en inglés y en castellano. El trabajo servirá para que los agentes profundicen en las diferentes normativas y las fuentes de información.

"Los policías necesitan conocer la legislación de diferentes países y saber dónde buscar los datos necesarios para rastrear este tipo de delitos", añade Palomo. Les facilitarán fuentes públicas y privadas para controlar las pistas que dejen el dinero o el patrimonio de los delincuentes. Aprenderán, por ejemplo, que en Italia hay un registro único para conocer todos los activos de una persona. La colaboración también servirá para crear grupos de trabajo conjunto en países con legislación similar. Los participantes del curso visitarán distintas unidades especializadas tanto europeas como de otros países (el programa está por cerrar) para conocer de primera mano cómo trabajan. La experiencia del curso piloto servirá para hacer un plan de formación europeo contra el crimen organizado.

El proyecto de colaboración arranca hoy con un seminario en Alicante en el que participarán más de 100 expertos de Europa y Suramérica, como policías, jueces y fiscales. Durante tres días, los participantes analizarán las medidas para mejorar la identificación, localización, recuperación y administración del dinero y bienes provenientes de grupos internacionales de crimen organizado. Sus conclusiones serán enviadas al Consejo de Justicia e Interior de la UE.

España es el país que más peticiones de información recibe y envía a otros países, según la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil. Las reclamaciones llegan sobre todo de Europa. En 2009, contestaron a 254 peticiones que implicaban a casi 900 personas y empresas. La mayoría procedían del Reino Unido, que reclamaba datos de activos localizados en zonas turísticas, como la Costa del Sol, Levante o las islas Canarias. Entre los bienes había dinero, coches de lujo, inmuebles u obras de arte cuyo valor supera los 950 millones de euros.