La juez imputa por cohecho a la alcaldesa de El Boalo, del PP

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Colmenar Viejo, Alicia Barba de la Torre, ha decidido imputar a la alcaldesa de El Boalo-Cerceda-Mataelpino (6.400 habitantes), Carmen Díaz Carralón (PP), por un delito de cohecho, según se desprende de un auto del 20 de julio de 2009. La magistrada considera que existen "indicios suficientes de criminalidad" en la conducta de la regidora, que presuntamente solicitó a un empresario 120.000 euros y la realización de forma gratuita de unos trabajos de urbanización en una parcela de su propiedad. A cambio, Carmen Díaz Carralón se comprometía, según la denuncia del empresario Antonio Gata, a no paralizar la construcción de dos decenas de viviendas en la calle del Potro de Cerceda. En el auto, la juez, que destaca que la regidora posee un patrimonio "más que considerable" de 18 viviendas con un valor catastral de 465.164 euros, desestima el recurso de la defensa contra la finalización de la instrucción del caso y decide que un jurado deberá juzgarlo. La defensa asegura que podría recurrir esta decisión.

El denunciante grabó tres reuniones donde afirma que entregó el dinero

La alcaldesa de El Boalo, Carmen Díaz Carralón, asegura que la denuncia se debe a una revancha política: "Todo es mentira. La denuncia del empresario se presentó cinco días antes de las pasadas elecciones de 2007, cuando supuestamente los hechos se habían producido tres años antes. Yo misma acudí a la Guardia Civil para denunciar esta campaña. Tengo el mismo patrimonio que cuando entré en política en 2001".

El caso se inició con la denuncia presentada el 22 de mayo de 2007 por el empresario de la construcción Antonio Gata Morales, en la que acusaba a la regidora de El Boalo de los delitos de cohecho y prevaricación. A lo largo de la instrucción, la juez ha mantenido el primero, el de cohecho, archivando el de prevaricación, al considerar que no se tiene conocimiento de que por parte de la alcaldesa se haya dictado una resolución arbitraria.

Por su parte, el recurso presentado ante la juez por la defensa de la alcaldesa sostiene que la denuncia del empresario no tiene sentido, pues resalta que el Ayuntamiento ha tramitado todas las peticiones del empresario "sin que existan retrasos en su tramitación, ni situaciones de paralización, ni nada que se le parezca, y que justifiquen que el denunciante haya tenido que pagar para provocar la agilización de los expedientes", explica Javier Iglesias, abogado de la alcaldesa, que pone un ejemplo: "El estudio de detalle se aprobó definitivamente en cuatro meses desde su inicio, con lo que no se puede argumentar que hubiera retraso".

Gata, que también está imputado en la causa por cohecho al haber supuestamente pagado, aseguraba en la denuncia que desde el momento en el que compró un solar en el municipio, la alcaldesa de El Boalo inició una labor de "entorpecimiento" para evitar que dicha compraventa llegara a buen fin, retrasando la tramitación de las solicitudes realizadas por él al Ayuntamiento. El empresario sostenía en la denuncia que para seguir avanzando en el expediente la alcaldesa le exigió la entrega de un piso de la futura promoción, si bien finalmente se valoró dicho piso en 120.000 euros.

Según la denuncia de Gata, éste decidió hablar con la alcaldesa grabando varias de las conversaciones mantenidas. Fue en esos contactos cuando supuestamente la regidora le solicitó dinero y el promotor inmobiliario le entregó en metálico la cantidad solicitada de 120.000 euros en tres entregas. Antonio Gata aportó las grabaciones al juzgado, en las que se registraron tres conversaciones entre este empresario y la alcaldesa Díaz Carralón. Según la versión del denunciante, la primera de las reuniones se realizó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en diciembre de 2003. Ahí fue donde las partes habrían llegado a un acuerdo económico fijando el modo de entrega. Hubo otras tres reuniones, dos en 2004 y otra en enero de 2005, en las que el empresario habría dado 120.000 euros a la alcaldesa. La defensa de la alcaldesa sostiene, en este sentido, que las fechas en las que se sitúan los pretendidos pagos "no dan verosimilitud a su versión. Antes bien responden al montaje contra mi defendida". En concreto, y según el letrado de Carmen Díaz Carralón, no coinciden cronológicamente los distintos actos administrativos con las fechas de los supuestos pagos.

A lo largo de la instrucción la juez trató de someter a la alcaldesa a una prueba pericial de reconocimiento de voces, a la que ésta se negó. "Su silencio se corresponde con un elemental criterio de prudencia, dada la manipulación que se estaba dando en la campaña electoral de 2007", asegura el abogado de Díaz Carralón.