El dueño de la casa derruida en la Cañada Real se enfrenta a la cárcel

"Vale, gracias", "vale, gracias", es la fórmula que repite Abdul Ghailan, morador de la casa demolida el pasado jueves en la Cañada Real, mientras acumula en la callosa palma de la mano los billetes arrugados. A su lado ya no se enmarca el paisaje desolado lleno de escombros que dejó la pala municipal. Un derribo causante de una batalla brutal entre vecinos y policías que concluyó con 41 heridos. Ahora se yerguen, de nuevo, "cuatro paredes", como si hubiesen renacido por arte de magia de los restos de cascotes. El dinero que guarda Abdul es de donaciones de vecinos para sufragar la reconstrucción. Un desafío al Consistorio que avanza a ritmo de récord.

Cien veces que le echasen, cien que volvería. Eso asegura. Por el momento, el renacimiento de la vivienda ilegal va por buen camino. "En unos 20 días o así estará terminada", profetiza. Sabe de lo que habla. Trabaja en la construcción desde que llegó a España, en 1994. Hasta que la obra esté terminada, Abdul, su mujer y sus dos hijos dormirán "en el salón de un vecino". Su niño pequeño, que apenas alcanza la altura de una rodilla, juega a su lado encantado entre el polvo y los ladrillos.

Abdul: "¿Por qué a mí? Todas son ilegales. ¡Es injusto! O a todos, o a nadie"

De lo que no está tan convencido es de que pueda habitar su reconstruida casita junto a su mujer Fátima. Dice que cuando lo detuvieron le llevaron a los juzgados de la plaza de Castilla. Y que allí, "ante cuatro personas, incluidas una juez y una abogada de ellos", le pidieron de uno a tres años de cárcel por desacato a la autoridad y agresión. Además, desde ya mismo debe presentarse en el juzgado cada día 1 y 15 de mes. "¡Es una barbaridad; yo soy un trabajador!", dice, y alega: "Además, no tengo antecedentes".

Durante todo el día de ayer, al menos una treintena de vecinos, marroquíes y españoles, se afanaron poniendo ladrillos y cemento. Hubo un momento de gran revuelo. Unas vecinas llegaron enfurecidas. "¡El presidente de la asociación ha prohibido que la empresa nos dé material!", aseguraron. Decidieron rápidamente que ése no sería más su representante y volvieron a la faena, enfadados.

Sobre las cinco de la tarde los muros exteriores de la casa estaban ya prácticamente levantados. Emulando el mito de Sísifo, quien, castigado a despeñar una enorme roca volvía a encontrársela una y otra vez ante él, los vecinos pretenden que las autoridades tengan que derribar las casas una y otra vez.

Abdul no entiende por qué el Ayuntamiento está haciendo esto ahora, ni por qué le ha tocado a él. Asegura que las autoridades han permitido durante 30 años que las casas ilegales de la Cañada sigan en pie, y que por tanto tienen que asumir su responsabilidad. "Además, ¿por qué nos echan sólo a nosotros?", se pregunta. "Sabemos que son ilegales, pero entonces que echen a los 40.000 que viven aquí. ¡Es injusto! O a todos, o a nadie", termina. El solar le costó 20.000 euros hace cuatro años. "Todos tienen miedo; los próximos pueden ser ellos", revela.

Los vecinos que ayudaban a Abdul mostraron un gran enfado con los medios de comunicación, a los que acusan de mostrar a la Cañada como un foco de delincuencia. "Yo soy española y vine aquí hace cuatro años porque era una zona agradable", explica Cristina, una mujer de 40 años que antes vivía en Vallecas. "Otra cosa es la zona de venta de droga. Los que vivimos aquí no causamos ningún problema, y tenemos entendido que ya hay un trazado alternativo para la vía pecuaria. ¿Por qué no hacen urbanizable esta zona y nos la venden?", pregunta. "Estamos dispuestos a pagar. El Ayuntamiento cobra el IBI por nuestras casas y ahora se sorprende", dice Cristina.

Mientras, hoy, y mañana, y pasado, los vecinos seguirán poniendo ladrillos hasta que no quede ni huella del derribo.