La cárcel de Carabanchel será un hospital y un barrio de 650 pisos

Han pasado ya 10 años desde que la cárcel de Carabanchel cerró para siempre sus enormes puertas. El viejo cascarón penitenciario, que sirvió durante años como morada forzosa de opositores al régimen franquista y también de presos comunes, cayó en el abandono y comenzaron las reclamaciones vecinales para utilizar esos terrenos para un hospital y equipamientos públicos. Y eso es lo que andaban discutiendo desde hace dos años el Ministerio del Interior, titular de los terrenos, y el Ayuntamiento de Madrid.

El Consistorio tiene derecho al 10% de la edificabilidad de la operación

Pero esa negociación llega ahora a su fin. En las próximas semanas, cuando ambas administraciones cuadren sus agendas, se firmará el protocolo de intenciones, al que Interior ya ha dado el sí (hoy se lo comunicará al Consistorio) y que el Ayuntamiento considera que colma sus demandas. Un documento previo al convenio definitivo que, en suma, proyecta menos casas y más espacio para equipamientos públicos en una superficie total de 173.000 metros cuadrados.

Todos han cedido para que lo que fue última parada en el viaje de los condenados al garrote vil se convierta en equipamientos para dos distritos, Carabanchel y Latina, que suman una población de 500.000 habitantes. El talego, al fin, podrá ser hospital.

En la última versión del documento, Interior acepta rebajar un tercio la edificabilidad en la zona de uso residencial y terciario (una cuarta parte del recinto carcelario) y, en cambio, aumentar el terreno para equipamientos públicos, que pasa de 38.000 metros cuadrados a 58.859. Así, quedará un volumen de 68.000 metros cuadrados edificables para uso residencial. Algo así como unas 650 viviendas de las cuales, como mínimo, el 30% serán de protección oficial. La rebaja en el ámbito residencial que ha admitido Interior supone una pérdida de ingresos para ambas administraciones. Pese a que los terrenos son de titularidad estatal (y es quien más dinero pierde), el Ayuntamiento tiene derecho al 10% de la edificabilidad de la operación.

La parcela reservada para el hospital tendrá 40.000 metros cuadrados y permitirá construir el centro sanitario de unas 350 camas que reclamaba el Gobierno de Esperanza Aguirre. La superficie que se puede construir en esa zona no está determinada en el protocolo de intenciones y deberá configurarse en el futuro convenio que firmen las administraciones. El centro sanitario, que será de gestión privada, daría cobertura a los distritos de Carabanchel y La Latina.

En la negociación entre Ayuntamiento e Interior también ha participado el grupo municipal socialista, con el concejal Pedro Sánchez y el portavoz David Lucas, que mañana apoyarán una propuesta conjunta en el pleno para agilizar los trámites del proyecto. "Queremos reconocer el esfuerzo de Interior para que haya un hospital público en los terrenos. Hasta ahora ha habido una falta de actuación de la Comunidad de Madrid y falta de disposición en la prestación de suelo del Ayuntamiento para un hospital", critica David Lucas. "Ahora, por fin, se aumentarán las dotaciones públicas de dos distritos muy necesitados", insiste.

Fuentes del equipo de gobierno municipal confirmaron ayer la buena disposición de ambas partes y el estado de la negociación. Pero declinaron hacer ninguna valoración hasta que no se produzca la firma definitiva. Izquierda Unida, que reclama que no se construya ninguna vivienda en la zona, se opondrá al proyecto tal y como está en el protocolo de intenciones.

Uno de los equipamientos públicos que previsiblemente se construirá en el nuevo barrio es una escuela infantil. Además, habrá varias instalaciones del Ministerio del Interior como una biblioteca o un centro de estudios penitenciarios que terminarán pasando a manos municipales cuando se cumpla un determinado plazo. La zona contará también con unos 23.000 metros cuadrados de zonas verdes y se reservarán unos 46.000 metros destinados a red viaria.