El cambio de la Ley de Suelo permite a Aguirre vender la Ciudad de la Justicia

Era la Ciudad de la Justicia y ha acabado de ciudad fantasma. La falta de fondos y el cálculo a la baja de los costes llevaron al destierro a este macroproyecto del Gobierno regional de Esperanza Aguirre cuando tenía en pie solo uno de los 15 majestuosos edificios dibujados sobre plano. Pero un año después de entrar en vía muerta ha encontrado una nueva salida. La modificación de la Ley de Suelo, que la Comunidad ha incluido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos recién aprobada, le permite vender esos terrenos situados en Valdebebas, junto a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, La Moraleja y la T-4 del aeropuerto Madrid-Barajas.

La parcela ocupa unos 202.000 metros cuadrados con una edificabilidad de 300.000, el equivalente a 300 campos de fútbol. El suelo proviene de las cesiones del 20% de terrenos para redes supramunicipales (parques, vivienda pública, equipamientos...) que los propietarios de terreno debían entregar a la Comunidad de Madrid por ley.

En 2007 se colocó la primera piedra en un acto que costó 1,4 milones

Los cambios introducidos en la Ley de Suelo y aprobados en el último pleno del año permiten al Ejecutivo de Aguirre comerciar con esos terrenos. La clave está en una coletilla del artículo 91.3 que convierte los terrenos cedidos para redes supramunicipales en "bienes patrimoniales", es decir, vendibles.

Otro cambio, el del artículo 67.1, permite a la Comunidad de Madrid aplicarse una excepción en el tormentoso proceso de cambiar planes urbanísticos. Es decir, que la nueva Ley de Suelo ha abierto todo un abanico de posibilidades. El Gobierno regional puede recalificar los terrenos mediante una tramitación interna para la que solo necesita su propio visto bueno y vender el nuevo suelo con nuevos usos a quien quiera comprarlo.El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, admitió ayer a EL PAÍS que la nueva normativa permite al Gobierno regional vender los terrenos de la Ciudad de la Justicia, aunque aseguró que el Gobierno regional "no se ha planteado" hacerlo hasta la fecha. Para el cambio de la Ley de Suelo, la Comunidad de Madrid aprovechó la Ley de Acompañamiento de los presupuestos que permite incluir modificaciones normativas evitando el debate y la tramitación.

La modificación fue criticada por alcaldes de los grandes municipios (las cesiones de terreno provienen de propietarios privados y también de Ayuntamientos) que tildaron de "robo" la posibilidad de que la Comunidad de Madrid negocie con sus cesiones y cambie la planificación urbanística que prevé que una red supramunicipal se destine a servicios públicos y no a otro tipo de construcciones. La oposición (PSOE e IU) amenazó con llevar el cambio de normativa hasta el Tribunal Constitucional para frenarlo. El Ejecutivo de Aguirre, que defendía que las modificaciones reactivarían el mercado inmobiliario, añadió una enmienda posterior en la que renunciaba a futuras cesiones de suelo.

La idea de la Ciudad de la Justicia, barajada desde 1996, ha cambiado de ubicación durante los últimos 15 años hasta quedar desterrada. Alberto Ruiz-Gallardón, antecesor de Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid, anunció primero que la llevaría a las cocheras de Metro de plaza de Castilla. Después mudó el proyecto a los antiguos cuarteles de Campamento y acabó ubicándolo en el marco de la Operación Chamartín.

Fue la presidenta Aguirre quien aprobó finalmente llevarlo a la parcela de Valdebebas en 2004, cuando se comprometió a que el primer edificio estaría en funcionamiento para 2007. El gran proyecto judicial incluía 15 inmuebles circulares para los trabajadores de la judicatura, unas 5.000 personas. El concurso de ideas costó un millón de euros con la previsión de atraer a arquitectos de renombre, como Norman Foster o Zaha Hadid. El cálculo era sufragar su construcción con la venta de 23 locales e inmuebles judiciales dispersos por la ciudad, como los edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el distrito de Centro, o los juzgados de la plaza de Castilla.

En enero de 2007 se colocó la primera piedra en un acto que costó 1,4 milones de euros sufragados por las empresas encargadas de la urbanización de la parcela. El vídeo promocional supuso más de 900.000 euros. Era un audiovisual en tres dimensiones de una hora de duración, que fue presentado en ferias y congresos de todo el mundo para promocionar el proyecto. Quedó paralizado hace un año cuando ya estaba construido el edificio previsto para el Instituto de Medicina Legal. El arquitecto que lo ideó, Alejandro Zaera-Polo, renunció a la autoría de su edificio a mitad de construcción al considerar que el presupuesto era insuficiente y que iba a suponer una edificación "de muy baja calidad".