¿Prohibiría el uso del velo en público?

Preguntas directas. Respuestas claras. Hasta el 22 de marzo se interrogará a los candidatos sobre su postura en asuntos concretos. Hoy responden los tres principales aspirantes a alcalde de la capital. ¿Tiene alguna pregunta para sus candidatos? Envíe un correo a eleccionesmadrid@elpais.es

ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN PP: "No es necesaria una normativa adicional a la que ya existe"

Mantenemos el mayor respeto a las tradiciones y valores de todas y cada una de las culturas, y la norma es igual para todos los ciudadanos. Es decir, ahora mismo, y sin necesidad de una normativa adicional, cualquier autoridad municipal puede exigir a cualquier ciudadano que entre en una dependencia pública que, por razones de seguridad, no lleve elementos que dificulten su identificación.

Lo que vale para un casco de moto o un pasamontañas, vale para un burka o una prenda que impida o entorpezca dicha identificación.

JAIME LISSAVETZKY PSOE: "Hay que respetar la voluntad de las mujeres para usar o no el velo"

Mi posición es de absoluto respeto a los derechos religiosos y culturales de todos los ciudadanos y ciudadanas. De manera especial, se debe respetar la plena libertad de la mujer para hacer uso o no del velo en esos ámbitos si la decisión es voluntaria, lo que supone rechazar toda imposición discriminatoria que implique sumisión, sea esta de origen religioso o cultural.

No obstante, el uso del velo no puede impedir la aplicación de nuestra normativa legal de cara a la identificación de las personas cuando ello sea necesario.

ÁNGEL PÉREZ IU: "Hay que perseguir los delitos y no las religiones"

Se deben perseguir los delitos y no las religiones. Nosotros, desde nuestra formación política, somos ajenos a las creencias religiosas, pero no las perseguiríamos con ningún tipo de norma y menos aún con carácter preventivo.

Hay cierto prejuicio en este caso hacia otras religiones distintas de la mayoritaria en España, la católica. Y dicho esto, nos gustaría que ninguno de estos sistemas de creencias implicara límites a la libertad y a los derechos humanos y, en el caso de España, a los derechos constitucionales.