El PP designa para Las Rozas a un imputado por delito urbanístico
Ignacio Fernández Rubio sustituirá al actual alcalde como candidato
El lunes la dirección regional del PP decidió, casi por sorpresa, sustituir al cabeza de lista en Las Rozas, el actual alcalde Bonifacio de Santiago. Los populares confirmaron ayer el nombre del recambio a De Santiago: es el viceconsejero de Empleo, Mujer e Inmigración y exalcalde de Guadarrama, Ignacio Fernández Rubio. Es, también, diputado regional en la Asamblea de Madrid.
El nombramiento ha sorprendido a más de uno porque su expediente no está inmaculado. Lleva más de siete años litigando por haber convertido un antiguo molino de piedra, ubicado en una zona protegida, en un restaurante de lujo.
Un vecino del municipio llevó el caso a los tribunales porque el molino, del siglo XVIII, está en una zona de máxima protección. El exregidor ignoró las repetidas advertencias que le hizo el Gobierno regional de su propio partido. La Dirección General de Urbanismo llegó a pedirle que cerrase el restaurante. Pero nada. Fernández tenía intereses en la sociedad que gestionaba el local. Ahora, "tras una larga y enojosa tramitación", según reconoce el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se le imputa un delito contra la ordenación del territorio. "Es un asunto absolutamente menor", señala un destacado dirigente de la dirección del PP. "La importancia que tiene es el trámite de la licencia de un restaurante", añaden las mismas fuentes para restarle importancia. Pero, lo cierto es que el fiscal ha pedido ocho años de inhabilitación en cargo público, según fuentes judiciales.
"Es un asunto menor", dice el PP. El fiscal pide que se le inhabilite
El tribunal también declara nulos los anteriores autos judiciales. En mitad del proceso Fernández Rubio alegó que era parlamentario regional, lo que le impedía ser juzgado por un tribunal ordinario. La estratagema legal para dilatar el asunto provocó que el procedimiento tuviera que trasladarse al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y reiniciarse allí. El TSJM afea la conducta del alto cargo regional por pedir el aforamiento en mitad del proceso. "No parece que tal conducta, con base en, aparentemente, una deliberada ocultación, cuadre con las reglas de buena fe", sostiene el magistrado.
El cambio de última hora ha levantado suspicacias porque De Santiago fue el alcalde que echó a Francisco Correa, cabecilla de la red Gürtel, de su despacho tras ofrecerle unos dos millones de euros por un contrato municipal. "No hay nada raro detrás. Ignacio vive en Las Rozas desde hace tiempo. Tenía ganas de regresar a la política local", sostienen desde la dirección del PP. "Se inició en 2001 y se ha dilatado hasta ahora; parece que al acusado solo le ha interesado preparar argucias legales para alargar el proceso", sostiene el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo.
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