La Ley del Suelo prohibirá urbanizar durante 30 años las zonas quemadas

La medida no es nueva -ni en Madrid ni en otras comunidades autónomas-, pero el grupo parlamentario del PP no quiere que en la nueva Ley del Suelo la máxima protección para las zonas forestales quede en un segundo plano.

Por ello, los populares han presentado una enmienda en la que reclaman que quede terminantemente prohibido urbanizar, 'dentro de los 30 años siguientes al daño sufrido', los terrenos forestales que hayan soportado un 'incendio o agresión ambiental, sean cuales fueren sus causas'.

'Desde el mismo momento de la producción del daño', los terrenos quemados o dañados 'quedarán sujetos a restitución del medio ambiental'. Es decir, 'no podrá incluirse este suelo en ninguna clase [de recalificación], salvo previa autorización por ley aprobada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid en la que quede justificada la imposibilidad de dicha restitución ambiental'.

Miguel Ángel Villanueva, portavoz del grupo parlamentario del PP, reconoció ayer que la Ley Forestal de la Comunidad ya recogía esta prohibición, como también lo hace la vigente Ley del Suelo. 'Pero es importante que en la nueva ley este apartado de defensa de la naturaleza quede perfectamente reflejado. Por eso hemos introducido esta enmienda, que asegurará que no se dañen suelos protegidos con fines especulativos'.

En total, los grupos políticos de la Asamblea han presentado 424 enmiendas parciales -175 de IU, 120 del PSOE y 129 del PP- al proyecto de Ley del Suelo.

Aunque el periodo de sesiones de la Cámara regional finaliza el 21 de junio, el PP ha decidido habilitar un pleno extraordinario en julio para que la Ley del Suelo se apruebe en el Parlamento antes de las vacaciones de verano, según Efe.

La oposición ha criticado 'las prisas' del Gobierno por tramitar un texto legislativo que está considerado como el más importante de la legislatura (después de la Ley de Presupuestos) y que hasta ahora ha recibido el rechazo de la Federación de Municipios, de los sindicatos, de los promotores privados, de la Federación de Asociaciones de Vecinos y de diversos colegios profesionales.

La tramitación parlamentaria comenzará el jueves con la petición al Gobierno por parte del PSOE e IU para que retire el proyecto de ley.