Conflictos laborales de rebote

"Pues me arreglo mal", dice Toñi Torremocha, de 56 años, encargada de limpieza en el instituto público Ramiro de Maeztu. "Pero tengo compañeras que están al límite. A una le van a cortar el gas por impago y a otra le han pagado el último alquiler de la habitación los profesores, que hicieron una colecta". Hace cuatro meses que las limpiadoras del centro no llevan su sueldo a casa. "La última vez que cobramos fue en enero, y era lo que nos debían de diciembre". Un mes, vale, asegura. "Pero esto ya es demasiado". Están en huelga desde el martes. Y como ellas, otras 170 trabajadoras de centros educativos y culturales dependientes de la Consejería de Educación. Sus empresas, Limpiezas Ortiz y Limpiezas América, son las concesionarias del servicio. La primera está en concurso de acreedores. La segunda le ha dicho a la Consejería que no puede más, que renuncia al contrato.

Las trabajadoras de la limpieza de colegios públicos están en huelga

La Concejalía de Educación niega el retraso en los pagos a las empresas

Los papeles empezaban ayer a acumularse en los suelos del Ramiro de Maeztu y de los otros 23 centros educativos afectados por la huelga. Los servicios mínimos son del 100% en aseos, cocinas y comedores y del 50% en el resto de las zonas. Las empresas aseguran que no pagan porque no pueden. "Estamos en la ruina. Vamos a cerrar. Estamos vendiendo el local", asegura el gerente de América, Roberto Paredero. "Otros años hemos aguantado el tirón. Siempre han pagado unos meses tarde, pero esta vez ha sido peor. En marzo ya le dijimos a la Consejería que renunciábamos. Han tenido tiempo para sacar otro concurso pero no lo han hecho". El gerente de Ortiz, Javier Curado, explica que a principios de año siempre se han producido retrasos de tres o cuatro meses, con el agravante de que este año los bancos no les han financiado para poder atender los pagos. "El concurso de acreedores era la forma de que los trabajadores cobrasen", asegura.

Los sindicatos UGT y CC OO piden explicaciones a la Comunidad de Madrid. Quieren que rescinda el contrato a las empresas y contrate a otras más solventes que se hagan cargo de los salarios. Pero Educación asegura que no puede hacer nada y que siempre ha pagado a tiempo. Si el dinero no llega a los trabajadores es por la deuda de las empresas con la Seguridad Social, añade.

La huelga de las limpiadoras es indefinida. Aguantarán hasta que vuelvan a cobrar, aseguran. A ellas las han contratado empresas, pero el servicio es público. Y no se está prestando. Son los alumnos y los profesores los que se encuentran con los papeles sin recoger. Así que, al final, por más que la Administración externalice, el conflicto laboral vuelve a su mano, como un bumerán.

"La gestión del servicio es privada, pero el responsable de ofrecerlo es el Ayuntamiento", recuerda el portavoz de UGT en el sector de limpieza viaria, Juan Carlos del Río. Su guerra es otra, pero el problema es similar. Él representa a los casi 7.000 trabajadores de la limpieza pública viaria de Madrid. Barrenderos de la capital, pero también del aeropuerto de Barajas, que amenazan con colgar las escobas para protestar por la propuesta de convenio colectivo que les hacen las cuatro empresas para las que trabajan: FCC, Cespa, Sufi y Urbaser, concesionarias del Ayuntamiento de Madrid agrupadas en la patronal Aselip. Los sindicatos CC OO y UGT han convocado una huelga indefinida a partir del 12 de mayo. Después de más de un año negociando el convenio, no consiguen llegar a un acuerdo.

Del Río enumera la lista de agravios: sus sueldos no se actualizan desde 2009, las empresas les están reclamando que devuelvan el 5,5% de sus nóminas de este año y del anterior -lo que supone, asegura, una media de 1.000 euros por trabajador- y la propuesta que les ha hecho la patronal implica congelar los sueldos durante los próximos tres años. "Nos dicen que tienen problemas económicos por los impagos del Ayuntamiento", asegura. "Les cuesta pagar las nóminas porque el Consistorio les debe nueve meses".

Esa deuda existe. Hay 189 millones de euros pendientes de pago a las empresas que prestan el servicio de limpieza viaria. O, lo que es lo mismo, el Ayuntamiento acumula un retraso de ocho meses en las facturas. El Consistorio, sin embargo, asegura que no puede mediar. "Es un conflicto entre empresas y trabajadores", señala una portavoz de la Concejalía de Medio Ambiente. "No tenemos relación laboral con los empleados", añade. Si finalmente hay huelga, establecerán los servicios mínimos y nada más. "Externalizamos con todas las consecuencias", aseguran fuentes municipales. "Nosotros nos relacionamos con las empresas y ellos con los trabajadores. Mientras no haya un problema de salud pública, no se puede intervenir". Por más que haga daño políticamente una huelga a días de unas elecciones.

La última huelga de los barrenderos fue en mayo de 2008. Los sindicatos pedían mejoras salariales y las calles notaron su protesta. Al final, hubo solo cuatro jornadas de paros porque llegaron a un acuerdo. "Y entonces no había retraso en los pagos. Lo que no pueden ahora hacer las empresas es aprovecharse de la situación y usarla como coartada para posicionarse mejor en la negociación con los trabajadores o para ajustar plantilla", aseguran fuentes municipales.

Las Administraciones aún tienen más conflictos laborales con servicios externalizados. Unas 10.000 trabajadoras de ayuda a domicilio de toda la Comunidad de Madrid están llamadas a una huelga indefinida a partir del 18 de mayo. "La Comunidad de Madrid, que dota el 70% de la ayuda domiciliaria, se retrasa en el pago y los Ayuntamientos, a su vez, no pueden hacer frente a las obligaciones con las empresas", explica María Fe Sastre, del sector de ayuda a domicilio de CC OO. "Ha habido casos de mancomunidades en las que los trabajadores han estado ocho meses sin cobrar", añade. La convocatoria de huelga, sin embargo, responde a la propuesta de convenio de la patronal del sector, Asemad.

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales asegura que está al corriente de todos los pagos, incluidos los 67 millones que adeudaba al Ayuntamiento de Madrid por el año 2010 y que le ingresó el viernes pasado.