Aguirre privatiza el agua

La noticia bomba que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, tenía preparada para los diputados de la Asamblea de Madrid llegó al final del discurso con el que ayer abrió el debate del estado de la región. Rondaban las dos de la tarde, ella llevaba casi dos horas hablando y todo lo dicho era previsible. Entonces, lo soltó. Quiere convertir la empresa pública Canal de Isabel II, la encargada de suministrar el agua potable y depurar la sucia de casi todos los municipios madrileños, en una sociedad anónima que "gestione el ciclo integral del agua". En un primer momento, el capital estará en manos de la Comunidad de Madrid. Después, en una fecha sin concretar, el 49% de las acciones saldrán a Bolsa. "Damos a los madrileños la oportunidad de ser propietarios de su agua", afirmó Aguirre.

La justificación de la presidenta para privatizar el Canal de Isabel II es que la Comunidad de Madrid planea hacer inversiones de 4.000 millones de euros en una década en infraestructuras, tecnología y medidas medioambientales, sobre todo de depuración. Según dijo, no puede hacer frente a ese desembolso con los medios utilizados hasta ahora: los fondos públicos o el endeudamiento.

Parte de esa inversión, 3.700 millones de euros, correspondería, según Aguirre, a los objetivos que Madrid se ha marcado para cumplir con el Plan Nacional de Calidad del Agua. Aprobado en junio de 2007, impone medidas para adecuar a España a las exigencias de Bruselas en depuración y reutilización del agua. El resto correspondería a la construcción de dos embalses, uno al norte y otro al sur de la región, y al objetivo que se ha marcado Aguirre de obtener 100 hectómetros cúbicos de agua regenerada y evitar ese consumo de potable. Cifró el coste de esta medida en 1.000 millones.

Aguirre justificó la fórmula de la salida a Bolsa en que su Gobierno pretende "recurrir a nuevas fórmulas de gestión y financiación" para obtener recursos, ya que "los propios de la Administración y el mercado financiero" resultan insuficientes.

Pero la privatización del 49% del Canal de Isabel II sufrirá un proceso de tramitación "muy largo", según el vicepresidente regional y presidente del Canal, Ignacio González. Como mínimo, dijo, pasará un año antes de que funcione la sociedad que gestionará el agua, que se creará por ley. "Muy probablemente" la privatización se tramitará en la Asamblea antes de final de año dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Regionales.La Ley de Acompañamiento, también llamada ley escoba, no requiere de una ponencia, ni de debate en comisiones, como el resto de leyes que tramita la Asamblea, sino que, al igual que los Presupuestos Generales, se somete a discusión la totalidad y luego a enmiendas parciales. O sea, tiene menos debate.

El PP no tendrá problema para aprobar la normativa que privatice el Canal de Isabel II porque cuenta con la mayoría absoluta de la Cámara (67 de los 120 diputados). Pero se ahorra una discusión larga que pueda suponer un coste de imagen pública. Y, una vez más, el Gobierno regional acude a la argucia legal que le ha servido para aprobar bajo cuerda cuestiones polémicas, como, por ejemplo, el año pasado la reforma de la Ley del Suelo, para la que la legislatura anterior no obtuvo consenso.

Preguntado por la cantidad que pretenden obtener con la venta del 49% de la sociedad anónima, el vicepresidente regional auguró que no alcanzarán en ningún caso los 4.000 millones de euros que se requieren para hacer frente a las nuevas inversiones. Tampoco ofreció otro cálculo, puesto que consideró que todavía queda mucho para que el Canal salga a Bolsa. Sí precisó que ese momento se decidirá en función de que las condiciones sean las más idóneas.

El anuncio de Esperanza Aguirre tuvo ayer muchas críticas entre los sindicatos, la oposición y Ecologistas en Acción. La sección sindical del Consejo de Administración del Canal de Isabel II mostró su radical oposición. "Estamos en contra porque no entendemos que después de 158 años en los que hemos ofrecido un servicio de calidad vaya a garantizarse así que mejore", opinó Andrés Muñoz, representante de UGT en el consejo. "Tiene unos fines economicistas y nos tememos que esto va a tener repercusiones en la plantilla, que en la actualidad ronda los 2.200 trabajadores".

El portavoz de CC OO, Javier López, dijo a Europa Press que la operación "da cabida a una serie de sectores que están aprendiendo a vivir de las administraciones públicas".

"A Aguirre sólo le queda privatizar el aire", ironizó la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, que tachó a Aguirre de acudir a medidas neoconservadoras para afrontar la crisis, cuando éstas son precisamente, dijo, las que la han causado. "Ha estado un año ausente de los problemas de la región y, si se cree lo que ha dicho, tiene una desconexión profunda de la sociedad".

La portavoz de IU, Inés Sabanés, consideró que de todas las propuestas es la más "preocupante y peligrosa". Aseguró que privatizar el "buque insignia" de las empresas públicas, "va en la misma dirección que ha provocado la crisis y en sentido contrario de las soluciones". A lo que agregó: "Que no confunda, que hoy es una empresa pública y muy pocos madrileños podrán acceder a su participación".

Santiago Marín Barajas, de Ecologistas en Acción, consideró la medida "inconstitucional", porque la gestión integral del agua es "una competencia estatal". La comparó con entregar los bosques a una empresa privada. "¿De dónde sacará los beneficios?", se preguntó.