Las protestas sociales se multiplican en Perú antes de la llegada de Humala al poder

La frágil tregua que había logrado el Gobierno peruano antes de las elecciones presidenciales terminó de romperse esta semana, con violentas protestas en varias zonas del interior del país que hasta el momento han causado nueve muertes. A las tres personas que fallecieron el miércoles durante los disturbios ocasionados por la creación de una controvertida universidad en la región Huancavelica se sumaron el viernes otras seis, en la región altiplánica de Puno, fronteriza con Bolivia, que se opone a la expansión de las actividades mineras y petroleras en su territorio.

Las movilizaciones solo se detuvieron unos días para permitir la segunda vuelta electoral del 5 de junio. Tras varias semanas de violentas protestas, que incluyeron saqueos y destrucción de oficinas públicas y negocios privados, la sangre llegó al río el viernes, cuando las fuerzas de la policía y el Ejército usaron sus armas para intentar impedir -sin éxito- que una turba de hombres, mujeres y niños tomase el aeropuerto de Juliaca. Al menos 30 personas más quedaron heridas. Los manifestantes reaccionaron sitiando la comisaría de la localidad de Azángaro, donde quedaron atrapados una docena de policías. De acuerdo con el jefe policial de Puno, general Herbert Rojas, hay 10 policías heridos y uno desaparecido.

Tres protestas se han juntado en Puno estos días. La zona sur, de etnia aimara, fue la primera que se levantó contra la decisión del Gobierno de dar luz verde a un proyecto minero cercano a la zona de frontera y a las aguas del lago Titicaca, y exige que toda la región sea declarada libre de minería. Posteriormente, pobladores de la zona norte, de etnia quechua, se sumaron para protestar contra la contaminación del río Ramis, afectado por actividades mineras ilegales, y el proyecto de la gigantesca central hidroeléctrica de Inambari, en la región selvática de Madre de Dios, al este de Puno.

Salvo en el último caso, los intentos del Gobierno saliente de Alan García de aplacar las protestas fueron infructuosos, lo que llevó a algunos sectores a pedir la intervención del mandatario electo, Ollanta Humala, quien ganó con amplitud las elecciones en la región. Lo cierto es que Humala, que asumirá el Gobierno el 28 de julio, se ha mantenido al margen, salvo algunas declaraciones públicas en las que se compromete a solucionar los conflictos sociales. Ayer, tras una reunión con alcaldes, pidió al Gobierno "detener el derramamiento de sangre" en la región.

El viernes por la noche, finalmente el Ejecutivo cedió a las demandas y anunció una serie de decretos que suspenden las concesiones mineras. El sábado por la mañana, el viceministro de Minas, Fernando Gala, aseguró que también se ha llegado a "soluciones" con la población quechua, por lo que afirmó que "no hay ningún motivo" para que continúen las protestas. Sin embargo, los manifestantes no se pronunciaron.

Los conflictos sociales han sido el gran lastre del Gabinete de Alan García. El fuerte crecimiento económico no ha evitado que crezca también la violencia. Desde 2008 los enfrentamientos en distintas regiones han causado 98 muertos y 1.379 heridos, de acuerdo con el Defensor del Pueblo.