El fin del Estado autoritario turco

Al trasladar el sistema de separación de poderes de Montesquieu a Turquía, los redactores de la Constitución de 1982 olvidaron mencionar al cuarto poder, y no precisamente la prensa. Los juristas escribieron entonces al dictado del Ejército, que dos años antes había protagonizado el golpe de Estado más sangriento de la historia de la República. Todo quedó atado y bien atado en un modelo de Estado autoritario en el que los generales marcaban el paso al poder civil con la bendición de unos jueces que han disuelto sin contemplaciones una veintena de partidos políticos, en su mayoría kurdos o islamistas.

El acercamiento económico de Turquía a la Unión Europea desde 1995 y la llegada al poder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, en 2002, desencadenaron una oleada de reformas constitucionales que han supuesto la revisión de hasta el 50% de sus artículos. Pero el núcleo duro del texto, que define el carácter laico y unitario del Estado fundado por Mustafá Kemal Atatürk, tras la I Guerra Mundial, sigue intacto.

La reorganización del poder judicial es el eje principal del proyecto

"No creo que la actual Constitución turca sirva para un país miembro de la UE, y no podemos intentar entrar en Europa con una norma tan restrictiva", ha asegurado el ministro de Asuntos Europeos de Turquía, Egemen Bagis. "Una sociedad joven y dinámica necesita una visión más liberal y democrática", sostiene, "pero los líderes de la oposición no parecen estar por la labor de llegar a un consenso constitucional".

Amenazado de ilegalización por el Tribunal Constitucional en 2008, el partido de Erdogan no se ha atrevido a promover una Constitución de nueva planta, pero ha anunciado que presentará hoy en el Parlamento un proyecto de reforma de la Constitución que puede dar al traste con el alambicado sistema de equilibrio de fuerzas vigente desde 1980.

Así, con el nuevo texto, los militares acusados de participar en tramas golpistas tendrán que someterse a los tribunales civiles, y la cúpula de las Fuerzas Armadas ya no podrá lanzar purgas sistemáticas entre sus miembros sin que la justicia revise los casos de destituciones. Incluso el general Kenan Evren y los miembros de la junta que dirigió el golpe de Estado de 1980 perderán la inmunidad que les asigna la actual Constitución.

Pero la principal reforma que se avecina es, sin duda, la del sistema judicial; una antigua exigencia de la Unión Europea en el proceso negociado con Ankara. El Consejo Supremo de la Magistratura, integrado por cinco jueces y un funcionario del Ministerio de Justicia, pasará tras la revisión constitucional a estar compuesto por 21 miembros, un tercio de los cuales será designado por el Parlamento. "Las reformas parecen ir dirigidas a tomar el control del poder judicial y a desmantelar la separación de poderes", se ha apresurado a denunciar Kadiz Ozbek, presidente del Consejo Supremo, el órgano que designa a los jueces de los altos tribunales de Turquía.

El Tribunal Constitucional, que hasta ahora ha decidido sobre la ilegalización de los partidos políticos, también pasaría tras la reforma a contar con 19 jueces, frente a los 11 actuales, en parte elegidos también por el Legislativo y con presencia de juristas no procedentes de la carrera judicial. El Parlamento tendrá una función de control previo, con el voto favorable de una mayoría cualificada, a la hora de instar la prohibición de un partido. En principio, sólo los partidos que defiendan la violencia podrán ser disueltos.

La actual Constitución, heredera de un golpe de Estado, destila un "espíritu de democracia mínima", según expresión común entre los analistas políticos de Ankara. Para aprobar la nueva reforma, el Gobierno de Erdogan tendrá que emplearse a fondo a fin de lograr el apoyo de los partidos de la oposición laica, que temen la imposición de un modelo político islamista tras el desmantelamiento del Estado autoritario kemalista.

Y difícilmente logrará el partido en el poder sumar las dos terceras partes de los votos de la Cámara, necesarios antes de que el presidente turco pueda ratificar el texto revisado. Para salir del atolladero sólo le queda la vía de convocar un referéndum para someter la reforma constitucional al voto de los ciudadanos. Una decisión que, a pesar de avanzar profundamente en la democratización del país, amenazaría con agrandar la profunda brecha política que se ha abierto en la sociedad. El irreconciliable desencuentro entre las élites laicas que han dirigido la Turquía moderna desde su fundación, en 1923, y un Gobierno de base islámica que se mantiene en el poder con el 47% de los sufragios.