La inseguridad campa en las zonas rurales afectadas por el seísmo en Perú

Las zonas más alejadas del epicentro -no sólo sísmico, sino también mediático- son las que están sufriendo con más fuerza el caos generado por el derrumbe de las infraestructuras originado por el terremoto que sacudió Perú la semana pasada. Mientras en las áreas de montaña las comunicaciones por carretera apenas han sido restablecidas el pasado martes, en un radio de 200 kilómetros alrededor de Pisco la ayuda está llegando de manera tan irregular que sus habitantes se organizan como pueden y hacen frente a las bandas que al anochecer salen a robar a las víctimas.

Protegida por una sombrilla, bajo un sol abrasador y ajena a la nube de humo que la envuelve, María Cuzaro de Nolasco observa cómo toda su familia se afana por desescombrar lo que fuera la casa donde ha pasado toda su vida. Sus 80 años y un dolor crónico en una pierna le impiden participar. "Pero tan mal no debo estar, porque la noche del temblor salí corriendo", apunta sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Cuzaro es la matriarca de los Nolasco, una familia de Imperial, una localidad situada a 150 kilómetros de Pisco, el epicentro del terremoto de la semana pasada.

Los Nolasco trabajan deprisa porque quedan pocas horas para que comience a oscurecer y entonces bandas de encapuchados recorren algunas zonas de la población robando a los supervivientes lo poco que les queda.

"Sí, ahora se ven algunos soldados, pero por la noche desaparecen", se queja amargamente Sara Nolasco, de 22 años, cuyo pelo, que se adivina de un negro azabache, aparece totalmente blanco por el polvo que levantan. Nadie les ayuda y los pocos albañiles disponibles en la población exigen por adelantado hasta 8.000 soles (unos 2.000 euros) en un país donde el sueldo mínimo apenas alcanza los 500 soles (125 euros).

"Nos están robando todo", se queja Sara ante la mirada de Dely, su hermana de 17 años, a quien le parece estar viviendo una pesadilla. Tienen que dormir entre los escombros y aguantar el miedo a que una réplica derribe los tabiques que han quedado en pie.

Los pocos militares enviados a la zona hacen turnos extenuantes y se derrumban sobre unos colchones instalados en lo que en teoría es un cuartel de bomberos. Tienen que patrullar por una docena de poblaciones y no dan abasto.

Siete días después del terremoto, se siguen escuchando disparos al atardecer y los vecinos se organizan en rondas, como en el vecino Hualcará, donde han montando una especie de fortín con esteras de esparto que también les sirven para construir unas viviendas provisionales en lo que fuera la plaza de Armas, el equivalente a la plaza Mayor española. "Las esteras no sirven porque se pasa mucho frío y filtran el agua, queremos carpas", se lamentan dos mujeres, mientras tratan de arrastrar un inmenso balde cargado de agua. La primera que reciben.

Condiciones sanitarias

A una veintena de kilómetros de allí, la situación es peor. En San Benito, las fachadas de las casitas bajas aguantaron, pero todos los techos están derruidos. Un equipo médico peruano, formado por un anestesista, un pediatra y una enfermera han llegado hasta la zona y se muestran preocupados por las condiciones sanitarias. "La gente está bebiendo agua de un canal que a la vez usan de letrina. Es cuestión de horas el que comiencen a aparecer infecciones", advierte Silvio Vega, el anestesista.

A su lado, Joaquín Quispe, un campesino de 65 años, pide "una máquina para cavar letrinas". Para Quispe lo más desesperante son las horas de oscuridad, "en las que no podemos hacer absolutamente nada".

Las réplicas son constantes en toda la zona y agravan el peligro de derrumbe de los muros resquebrajados que han quedado en pie. Los servicios básicos siguen sin estar restablecidos en extensas áreas del territorio, mientras las cuadrillas de construcción tratan de rellenar con tierra las grietas producidas en el asfalto y aplanan con excavadoras caminos de arena, alternativos a las rutas dañadas.

"Pero no todo es lo material. La gente tiene mucho miedo y está muy dañada en el plano psicológico", explica un miembro de Médicos Sin Fronteras, organización que ayer desplazó un equipo hasta Huancavelica. Allí se han registrado tres muertos, pero 1.500 familias se encuentran afectadas y no pudieron recibir ningún tipo de ayuda hasta el martes.