El crimen organizado mexicano se ceba con los inmigrantes 'sin papeles'

Como a las siete de la noche, cuando la frontera sur de México había quedado atrás, Carlos escuchó la orden de quedarse quieto. El tren en el que este guatemalteco iba de polizón acababa de detenerse en Medias Aguas, en el Estado mexicano de Veracruz. Desobedeciendo la instrucción, Carlos saltó del ferrocarril y se escondió en el monte. "A dos salvadoreños que se opusieron al asalto, los mataron sin mayor menester". Ese fue el primer susto. Dos horas después, el tren siguió su ruta al Norte. Y en él, colgados en racimos entre los vagones o en los techos, decenas de inmigrantes centroamericanos. A las cinco de la mañana avistaron Tierra Blanca, aún en Veracruz, pero ahí Carlos no corrió tanta suerte.

"El tren estaba parado cuando llegó alguien a quien llamaban El Gordo con seis hombres, en un carro verde. Al coyote le permitieron apartar a su gente. A los que viajábamos solos, los seis pistoleros nos decían que si no aportábamos un número telefónico de parientes en Estados Unidos nos iban a matar. Los que se negaron fueron tableados. Dos intentaron escapar y los asesinaron. Como yo soy bien pacífico, di el número para que me no hicieran nada", cuenta Carlos por teléfono. Su caso parecería menor ante la tragedia de los 72 migrantes sin papeles acribillados hace una semana en el norte del país, pero es uno de los muchos que ocurren sin aparecer en los telediarios. En su intento por llegar a EE UU, el entrevistado -que habla a condición de que no se revele su identidad- resume que en su viaje vio cómo mataron a cuatro personas, se encontró cadáveres tirados en basureros y pasó hambre tres días en una casa de seguridad atestada de centroamericanos. La parsimonia con que cuenta que sus parientes enviaron telegráficamente 1.000 dólares para pagar por su libertad solo se pierde cuando se le pregunta si no había policías cuando los secuestraron: "No hicieron nada, solo se nos quedan viendo, ellos le avisan a El Gordo que ya llegó el tren".

Polarizada por la división política y erizada por la sensación de vulnerabilidad cimentada por escenas de violencia que se superan en crueldad mes a mes, a la sociedad mexicana se le atragantó hace una semana el desayuno con la sangre de 72 ciudadanos centroamericanos y sudamericanos, hallados en una finca en San Fernando, en Tamaulipas, a hora y media de la frontera con EE UU. El balance, siete días después, cabe en unas cuantas líneas poco novedosas: los autores de la matanza fueron Los Zetas (era más que sabido que este grupo, además de dedicarse al narcotráfico, domina las redes de extorsión y secuestro de los sin papeles); como no podían pagar su rescate, a los indocumentados se les propuso, de acuerdo con el testimonio del único sobreviviente, enrolarse en la organización criminal (tampoco táctica nueva); se habrían negado y los mataron. De los 31 identificados, 14 son hondureños, 12 salvadoreños y cuatro guatemaltecos. Hay además un brasileño. Y el sobreviviente, ecuatoriano. Hay otro dato: el agente que dirigía la investigación desapareció, junto con un policía, el 25 de agosto, un día después del hallazgo de los cadáveres.

Cuando se le pide que defina lo que para él es México, Carlos dice que es "un cementerio de centroamericanos, que solo andan buscando una vida mejor. Aquí la mercancía son los inmigrantes".

Las ganancias de ese negocio rondan los 25 millones de dólares al semestre, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) . Su más reciente informe sobre secuestro y extorsión, realizado en 2009, contabiliza 9.758 testimonios de migrantes que habían sido víctimas de esos delitos solo en el semestre estudiado. Pero la máxima autoridad migratoria mexicana tiene otra apreciación. "La migración indocumentada no se puede calcular, porque es indocumentada, ¿verdad?", asegura Cecilia Romero. ¿Cuántos indocumentados extorsionados tienen contabilizados? "Ese es un dato que no le puedo dar", responde la funcionaria, y señala que el informe de la CNDH "es estadísticamente imperfecto". La estimación del Gobierno "reduce el número", pero no aventura cifras.

Tomando por bueno el cálculo de la CNDH de que son alrededor de 20.000 los casos de secuestro por año, la organización I(dh)eas llevó el ejercicio más allá: se preguntó cuántos de esos delitos contra inmigrantes están siendo perseguidos. Mediante la ley de acceso a la información solicitó a las fiscalías el número de investigaciones donde la parte afectada en delitos de violación y trata de personas incluyera a sin papeles. La Procuraduría General de la República respondió con un oficio el 15 de junio pasado. La palabra que más se repite es "no": ni denuncias, ni averiguaciones previas desde septiembre de 2009. En la Fiscalía de Chiapas, vía de entrada desde el sur, los expedientes no llegan a 30. Es esa impunidad la que abona este negocio criminal, denuncia Mario Santiago, director de Investigación de I(dh)eas.

Así se cumple la semana de la peor matanza de indocumentados en el México moderno: con el agente investigador desaparecido, un solo detenido que alegó ser menor de edad, con 41 de los 72 cuerpos sin identificar y con la certeza de que, en este momento, encima de ese tren que de tan fatídico ya apodan la bestia, los delincuentes están gritando, en algún punto de este país, "¡quietos!".