"Las constituciones deben limitar al poder. Y eso no pasa aquí"

El profesor Willman Durán (Santa Cruz, 1947) está considerado como uno de los mejores expertos en Derecho Constitucional de Bolivia. Fue magistrado del Tribunal Constitucional entre 1998 y 2004, cuando pasó a ocupar la presidencia, cargo del que dimitió, "por razones personales", en 2006. Es muy crítico con el proyecto de nueva Constitución impulsado por Evo Morales, pero se queja también de las acusaciones sin fundamento que se vierten sobre el texto que se someterá a referéndum el próximo domingo.

"Es absurdo que se diga que es comunista: por el contrario consagra la economía social de mercado, como cualquier socialdemocracia", dice. Tampoco respalda las acusaciones sobre la constitucionalización de los recursos naturales como propiedad comunal de los bolivianos. "En otros países también se han nacionalizado los recursos naturales no renovables. El que el Estado sea el propietario no es nada extraño".

Pregunta. La nueva Constitución incluye también una larga lista de derechos ciudadanos.

Respuesta. Es un texto muy generoso en ese sentido, porque reconoce derechos de los llamados de segunda y tercera generación. Diría que están recogidos todos los derechos, habidos y por haber. El problema no es ése. El problema es que la nueva Constitución no articula ningún mecanismo para que los ciudadanos tengan la posibilidad de recurrir ante organismos independientes si esos derechos son agredidos.

P. ¿Se refiere al hecho de que las estructuras de los organismos judiciales van a pasar a ser elegidas por sufragio universal?

R. En efecto. La Constitución no garantizará un mecanismo independiente o imparcial para vigilar el cumplimiento de las leyes. Los jueces y magistrados emanarán de unas cúpulas que serán elegidas por sufragio universal. Nos estamos refiriendo al propio Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo de la Judicatura (el Consejo General del Poder Judicial en España) o el Tribunal Agro-Ambiental. Eso quizás pueda ser funcional en un país con partido único, como en la antigua URSS, pero en un régimen democrático es imprescindible que exista un órgano judicial independiente, garantía de imparcialidad, y eso no pasará porque esas cúpulas serán objeto de una intensa lucha electoral y partidista.

P. ¿Es ésa la principal debilidad de la nueva Constitución?

R. Ése es uno de los principales aspectos. Pero hay otros. Por ejemplo, las constituciones deben servir también para limitar al poder. Y eso no pasa aquí. La Constitución dice, por ejemplo, que la Asamblea Plurinacional [el Congreso de Diputados] tendrá "las funciones que establece esta Constitución y las que la ley le señale". Lo mismo pasa con el Ejecutivo: tiene unas funciones, pero podrá tener otras, si una ley posterior se las señala. Eso va contra principios constitucionales básicos. Tampoco se establece la estructura interna de los organismos del Estado. No se sabe cuántos miembros tendrá el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, por ejemplo.

P. Usted ha criticado el reconocimiento de los derechos de las minorías indígenas. ¿Por qué?

R. No critico el reconocimiento de derechos, sino otra cosa. La enorme mayoría de la población en Bolivia es quechua, aymara y mestiza. Las 36 minorías indígenas originarias de las que habla la Constitución son pueblos originarios, muy pequeños, a los que en teoría se trata de proteger, permitiéndoles que conserven sus territorios, su cultura y sus costumbres ancestrales. Eso es normal. Pasa, por ejemplo, en Canadá. El problema es que aquí, en Bolivia, se les va a considerar como circunscripciones electorales y se les va a obligar a participar en la política del Estado, eligiendo diputados. Eso es contradictorio con el deseo de proteger sus costumbres, estructuras de poder propias y su aislamiento voluntario. Es todo muy contradictorio.

P. ¿Aumentan los diputados?

R. No, serán los mismos.

P. El Gobierno aceptó negociar aspectos del proyecto para recoger las quejas de los departamentos que piden autonomía. Sin embargo, la campaña del no se basa precisamente, en Santa Cruz y las otras zonas rebeldes, en esa reclamación. ¿No están recogidas esas aspiraciones?

R. La nueva Constitución recoge competencias departamentales que, en la práctica, son sólo un rótulo porque, al mismo tiempo, deja claro que el poder central tiene todos los poderes y capacidades. El Estado se guarda una capacidad legislativa privativa que no deja espacio a la autonomía. No se trata de que el poder central se adjudique el derecho a dictar la legislación básica y permita a los departamentos desarrollar esa legislación con reglamentos. No, en la práctica éstos no podrán desarrollar los reglamentos, como pidieron. Tenga en cuenta que los departamentos de la media luna, Santa Cruz entre ellos, son los productores del 90% del gas y del petróleo de Bolivia. La Constitución cierra la posibilidad de que vayan adquiriendo más responsabilidades en la gestión de esos recursos.