El conflicto lingüístico entre valones y flamencos hunde al Gobierno belga

Bélgica se zambulló ayer en una arriesgada crisis político-lingüística que culminó con la presentación de la dimisión del Gobierno del democristiano flamenco Ives Leterme ante el rey Alberto II. El desencadenante inmediato de la crisis fue el abandono de los liberales flamencos del Open VLD del penta-partito, cuyo Gobierno llevaba sólo cincos meses de vida. Leterme se vio incapaz de seguir con una mayoría muy ajustada de tan sólo 76 de los 150 diputados de la Cámara y con un equipo muy desequilibrado formado por tres partidos valones (francófonos) y uno sólo de Flandes, el territorio más poblado del país. En esta tesitura optó por presentar su dimisión, que ya es la tercera como jefe de Gobierno, ante Alberto II, quien todavía no la ha aceptado.

El democristiano Leterme dimite por tercera vez como jefe de Gobierno

La crisis estalla dos meses antes de que Bélgica asuma la presidencia de la UE

Tras recibir a Leterme y al presidente de la Cámara de Diputados, Patrick Dewael, el rey ha iniciado consultas con los líderes de las demás formaciones en un intento de evitar una crisis institucional de consecuencias difíciles de predecir. Bélgica sufre todavía las secuelas de la crisis financiera y económica que se llevó por delante a sus principales instituciones financieras, ahora en manos extranjeras; ha visto aumentar su deuda pública hasta el 96% y un fuerte aumento del paro, que en Bruselas alcanza el 20%. Siguen abiertos otros asuntos importantes como la reforma de las pensiones y del presupuesto. La crisis política adquiere una gravedad añadida al estallar dos meses antes de que Bélgica tenga que asumir la presidencia de turno de la Unión Europea.

La inestabilidad política del país quedó ya de manifiesto a partir de las elecciones de junio de 2007, en las que el democristiano flamenco Leterme obtuvo un excelente resultado, en una campaña basada en fuertes reivindicaciones nacionalistas, pero que precisó nueve meses para formar un Gobierno que sólo duraría ocho meses, hasta diciembre de 2008. Otro cristiano demócrata-flamenco, Herman van Rompuy, también del Partido Popular Europeo, se hizo entonces cargo de la situación, y devolvió la calma al país hasta hace cinco meses, cuando fue nombrado presidente del Consejo Europeo.

La cuestión de fondo es la conflictividad lingüística existente en el distrito electoral y judicial de Bruselas-Hall-Vilvorde (BHV), que incluye 35 comunas de Flandes, en las que unos 100.000 francófonos pueden votar las listas francófonas y dirigirse a la justicia en su lengua. En seis de estas comunas los francófonos son mayoritarios, por lo que poseen además derechos complementarios como asistir a escuelas francófonas y efectuar gestiones administrativas en su lengua.

Los flamencos consideraban inaceptable esta excepción electoral, que ya fue denunciada por el Tribunal Constitucional en 2003, por lo que proponían la escisión del distrito VHV. La votación debía celebrarse ayer, aunque los francófonos pedían más tiempo para negociar. Los francófonos recelan de una escisión que temen sea un primer paso que allane el camino hacia la independencia de Flandes. "Cada comunidad cree tener la verdad. Una comunidad parte del principio de territorialidad [Flandes]; la otra del principio de personalidad [Valonia]. Las dos están en oposición total", señaló el ex jefe de Gobierno Jean Luc Dehaene, al que el rey ha encargado mediar en el conflicto.

La caída del Gobierno ha creado cierta consternación en políticos veteranos que ven como las tensiones lingüísticas pueden hacer naufragar el país constituido en 1830. Wilfried Martens, ex primer ministro y presidente del Partido Popular Europeo, calificó de "dramática" la caída del Ejecutivo. Para el líder de los socialistas valones, Elio di Rupo, se trata de la "situación más grave que ha vivido el país".

El soberano mantiene su decisión en suspenso para ganar tiempo, mientras despacha con los líderes políticos durante los próximos días, quizá hasta el lunes. En un comunicado de la Casa Real, el monarca estima que "en las circunstancias actuales, una crisis política sería inoportuna y acarrearía un grave perjuicio, por una parte al bienestar económico y social de los ciudadanos y por otra al papel de Bélgica en el plano europeo".