Victoria de la lucha campesina ante un tribunal argentino

Los miles de campesinos que luchan por sus tierras en Argentina han logrado que, por una vez, la justicia se ponga de su lado. El pasado 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes, 10 campesinos y un sacerdote acusados de quitar la alambrada de unos campos fueron absueltos por la Cámara Criminal y Correccional de la ciudad de Cruz del Eje (840 kilómetros al noroeste de Buenos Aires), en la provincia de Córdoba.

Este conflicto no es un caso aislado en Argentina. El Movimiento Nacional Campesino Indígena dice reunir a 15.000 familias de siete provincias: Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Misiones (norte), Mendoza (oeste), Buenos Aires (este) y Córdoba (centro).

Esta organización de base busca que sus miembros puedan seguir viviendo en las tierras que habían trabajado sus ancestros, evitar la migración a las ciudades y asegurarse el acceso al agua.

No sólo combaten a los grandes productores de soja transgénica, que desde la década pasada pretenden extender los sembrados de esa variedad oleaginosa (resistente a climas secos) hacia zonas áridas antes mal consideradas, sino también a las empresas mineras y a las papeleras que plantan eucaliptos, a las que acusan de un uso excesivo y contaminante de los recursos hídricos.

A finales de 2004, un empresario de Buenos Aires, Ramón Mazzeo, esgrimió el argumento de que había comprado en una subasta judicial unas tierras del seco noroeste de Córdoba, en las que desde hace generaciones vive la familia de Carlos Loyola, de 56 años y padre de cuatro hijos. Con policías y guardias privados, el empresario porteño hizo que sus tractores derribaran los cercos de Loyola, que a su vez lo denunció ante la justicia.

En enero de 2005, Mazzeo hizo levantar una alambrada de 1.600 metros de largo en los abrevaderos, lo que impidió que las cabras y vacas del campesino pudieran beber. Al mes siguiente, la sed de los animales en el verano austral, que por esas zonas se manifiesta con temperaturas de más 40 grados y viento caliente, desesperó a Loyola, que pidió ayuda a sus compañeros de la Asociación de

Productores del Noroeste Cordobés para retirar los alambres. Le acompañaban uno de sus hijos, ocho campesinos más y el párroco del pueblo de Serrezuela, Carlos Julio Sánchez, un cura de 41 años formado en la Teología de la Liberación.

Mazzeo los denunció ante la justicia por daño calificado, agravado por agrupación delictiva. Las penas de prisión a las que se enfrentaban oscilaban entre tres meses y cuatro años. La fiscal Haydeé Gersicich apoyó al empresario y en el juicio criticó a los acusados, porque, según ella, debían haber recurrido a "caminos legales y constitucionales" para defender su posición. "Los instrumentos que los campesinos tienen para defender la posesión de sus tierras son pobres, precarios, no son perfectos, pero existen", argumentó el cura. "Uno es la denuncia, otro es la defensa de la posesión con medios proporcionales a la agresión", añadió. El abogado querellante quería, además, que los condenaran por asociación ilícita.

Pero después de un mes y 10 días de juicio oral, el tribunal absolvió a los campesinos. Aún no se han hecho públicos los argumentos en los que se basa la sentencia, pero fuentes judiciales anticiparon que los magistrados consideraron que los imputados sólo habían cometido el delito de daño simple y que ya había prescrito.

La cámara, además, pidió a los poderes ejecutivo y legislativo de la provincia de Córdoba que adoptaran "medidas para la real y efectiva protección posesoria de los habitantes de esta provincia".

Los campesinos cordobeses aseguran que más de 100.000 hectáreas se encuentran en disputa. "Alerta, alerta que camina la lucha campesina por América Latina", cantaban unos 50 simpatizantes de los imputados el día de la absolución.