Sarkozy gana el pulso a los sindicatos

Salir del pozo le llevará tiempo. La popularidad del presidente francés, Nicolas Sarkozy, remonta muy despacio. Sube un punto en los últimos sondeos, hasta el 36%. La línea de flotación queda lejos. Pero está ganando la batalla de las reformas. El fracaso de la jornada de movilización organizada esta semana por cuatro centrales sindicales francesas contra el aumento de un año en la cotización para las pensiones y en defensa de la jornada laboral de 35 horas, marca un punto de inflexión en el pulso que mantiene con los sindicatos por la reforma del modelo laboral francés.

Las centrales deben obtener un mínimo de un 10% de votos en las elecciones

La precaria unidad sindical se ha roto al fijarse un límite de representatividad

A decir de los líderes sindicales, junio iba a ser el mes más "caliente" de la legislatura. Pero la diferencia entre las débiles movilizaciones de las últimas semanas y las importantes protestas del pasado otoño es el mejor ejemplo de cómo Sarkozy está imponiendo su calendario de reformas en un país que muchos consideran irreformable.

La Confederación General del Trabajo (CGT), convocante de las últimas movilizaciones -junto a la CFDT, la FSU y Sud-Solidaires- no pretendía, como a menudo en el pasado, perturbar los transportes públicos, cerrar las escuelas ni paralizar el país. Pero se había propuesto sacar a la calle a un millón de manifestantes en un centenar de ciudades de toda Francia. Las cifras de este tipo de convocatorias siempre son discutibles, pero la propia CGT admite que sólo desfiló medio millón de personas, lejos de los 700.000 que supuestamente se manifestaron el pasado 22 de mayo en la jornada nacional contra la reforma de las pensiones.

Bernard Thibault, el secretario general de la CGT, ha protagonizado la anécdota que mejor define el momento del combate entre el Gobierno y los sindicatos: no pudo encabezar la manifestación celebrada en París, aquejado de un fuerte dolor de espalda.

Thibault, que anunció otra jornada de acción para el 7 de octubre, atribuye el fiasco a la división sindical. Ni Fuerza Obrera ni la CFTC, las otras dos grandes centrales sindicales, secundaron la convocatoria. Ambas habían rechazado firmar el texto sobre la flexibilización de la jornada laboral de 35 horas que habían pactado CGT y CFDT, que incluía también un nuevo modelo de representatividad sindical. Las centrales acusan al Ejecutivo de haberles engañado y, entre ellas, de hacer trampas.

El artífice de tal desestabilización de los sindicatos no es otro que Xavier Bertrand, el ministro de Trabajo, miembro del grupo reducido de siete personas que cada lunes se reúne con el presidente de la República. Los observadores apuntan a Bertrand como el próximo primer ministro, una vez que el actual, François Fillon, se haya quemado con la primera fase de las reformas. La habilidad de Bertrand ha consistido en involucrar a los dos grandes sindicatos en la negociación de la Ley de Modernización del mercado de trabajo, que incluye la reforma de la semana de 35 horas introducida en la legislación por el Gobierno socialista de Lionel Jospin, a finales del decenio anterior. Sarkozy prometió "la reforma del sistema de relaciones sociales", un eufemismo que remite a la particularidad del modelo sindical francés, escasamente representativo y con una bajísima tasa de afiliación (menos del 7%), que se basa en una ley de 1950 que fijaba una serie mecanismos que pervierten la representatividad de los sindicatos. Con la nueva ley, a partir del año próximo, para ser representativos en una empresa, los sindicatos deben obtener un mínimo de un 10% de votos en las elecciones. Lo cual beneficia a la CGT y la CFDT y perjudica a los demás en distintos grados. Así se ha roto la siempre precaria unidad sindical.

La primera piedra del edificio la puso Sarkozy al poco de llegar al poder: una ley de servicios mínimos en los transportes terrestres, votada por el procedimiento de urgencia el 21 de agosto de 2007, a las pocas semanas de la elección de Sarkozy como presidente de la República. Conviene precisar que, en Francia, los servicios mínimos no estaban regulados anteriormente. La ley en cuestión fue aprobada sin encontrar resistencia e incluso se aplicó sin demasiado énfasis durante las protestas del otoño de 2007. Una hábil estratagema, porque el siguiente paso ha sido poner en marcha la regla de que los trabajadores del sector público, esencialmente educación y transportes, que quieran hacer huelga, deben comunicarlo con 48 horas de antelación, lo cual permite a la Administración y las empresas públicas organizar el trabajo de modo que afecte lo menos posible a los ciudadanos.

También en el otoño pasado, el Gobierno emprendió la reforma de los regímenes especiales de pensiones, un viejo sistema de privilegios que permitía a determinados colectivos cotizar para su pensión menos tiempo que al resto de los trabajadores. El choque fue notable, pero los sindicatos comprendieron que esta causa no contaba con la simpatía de la opinión pública y pactaron finalmente un acuerdo. Fue la primera vía de agua en el bloque sindical y por el flanco más débil.

Quedan, sin embargo, los núcleos más duros: los sectores enquistados en privilegios. Como el caso de los descargadores de los puertos de Nantes, Marsella, Burdeos, Dunkerque y Le Havre, que intentan impedir la siempre aplazada reforma de los puertos autónomos, impulsada por el Gobierno y que la cámara de los diputados está debatiendo. Y numerosos colectivos como los empleados de Météo-France (los servicios meteorológicos), que convocaron una huelga de dos semanas, suspendida sólo después de que la dirección prometiera mantener abiertos todos los centros departamentales, al menos hasta 2012. Por no hablar del sector audiovisual público, que intenta impedir la supresión de la publicidad decidida por Sarkozy.

Y le quedan cuatro años de mandato.