Recelo a los migrantes en Costa Rica

La peor mezcla para los inmigrantes se cuajó ya en Costa Rica: dos o tres hechos violentos con actores extranjeros y una campaña electoral centrada como nunca en la seguridad ciudadana. Las malas miradas empiezan a dirigirse a la comunidad de foráneos que, en las últimas dos décadas, ha desarrollado en este pequeño país una copia a escala de los dilemas migratorios de los grandes países, salvo por la riqueza.

"Sacaré a los delincuentes extranjeros", se leía esta semana en una página de publicidad electoral de Luis Fishman, uno de los cuatro candidatos presidenciales con más posibilidades en los comicios de febrero. La publicidad circuló el mismo día en que el presidente, Óscar Arias, firmó una ley que restringe a los extranjeros la posibilidad de fingir matrimonios para obtener beneficios migratorios, una puerta legal que han aprovechado grupos mafiosos.

Una semana antes, el propio poder ejecutivo decidió suspender la entrega de licencias para que los extranjeros pudiesen portar armas. Lo hizo un día después de la muerte de un agente de la Policía Judicial en un tumultoso enfrentamiento contra un grupo de jamaicanos en Escazú, el cantón más rico del país, y que la semana antes habían protagonizado una balacera en la que murió una joven universitaria ajena a ellos. Días atrás, un anciano también fue alcanzado por una bala perdida en una zona del casco central de San José conocida como "tierra dominicana".

El tema se volvió ineludible en programas de radio, cartas de lectores a los diarios, comentarios de esquina y, por tanto, en foros políticos. La tendencia es pedir mano dura y cierre de fronteras, cero tolerancia y, si es necesario, dejar en segundo plano los derechos de los inmigrantes ante la necesidad de sacar al país de la espiral de violencia que lo lleva por el camino de sus vecinos de Centroamérica, con la diferencia de que más del 10% de la población costarricense es foránea.

Nada de esto sorprende a José Pires, representante regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para Centroamérica y México. "Las campañas xenófobas que relacionan a los migrantes con la violencia no son algo particular de Costa Rica ni de ahora. Los extranjeros siempre son argumento en las campañas", asegura el experto, para quien es "un error político" achacar a los foráneos los problemas internos.

De acuerdo con estudios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, más del 90% de las condenas por delitos contra la vida recaen sobre costarricenses, lo que refleja la distancia entre la realidad y el ideario popular o, por lo menos, las premisas de algunos estrategas de campaña.

Nicaragüenses en la mira

En la mira está la población nicaragüense, que supera los 400.000 en este país de cinco millones de habitantes. Le siguen los colombianos y después pequeños grupos de otras nacionalidades que ingresan por temporadas, como el caso de los dominicanos. Las redes de narcotráfico aportan personas de otras nacionalidades, pero son minoría frente a la masa de inmigrantes que arriban a Costa Rica en busca de trabajo.

"El problema no es ser extranjero; el problema es ser extranjero pobre y la mayoría lo somos. ¿Por qué? Porque te ven como delincuente o terminás metiéndote en esas cosas para poder sobrevivir", explica Rubén Alemán, un nicaragüense que ahora aplica en su trabajo (una empresa de seguridad) algunas de las habilidades para manejar armas que desarrolló durante la guerra de los años ochenta en su país. "Pero pueden revisarme; aquí no he hecho más que trabajar", puntualiza.

Rubén y cientos de miles de foráneos estuvieron en la mente del Gobierno durante los últimos dos años cuando creó una ley que eliminó aspectos "draconianos" de la normativa anterior, como los calificó el presidente Óscar Arias en alusión a potestades excesivas de los policías de migración. Las autoridades migratorias han insistido en que la nueva ley, que entrará a regir en marzo, fue hecha en torno a los derechos humanos de los migrantes, sin descuidar el control migratorio necesario para un país con proporciones de inmigración semejantes a las de España.