Quito lleva a La Haya las fumigaciones en la frontera colombiana

El Gobierno de Ecuador presentó ayer por escrito al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ), con sede en La Haya, una solicitud que ordene a Colombia la paralización definitiva de las fumigaciones destinadas a erradicar las plantaciones de coca situadas en su frontera común. Quito también pide una indemnización para las poblaciones indígenas que han sufrido los efectos del herbicida (glifosato) esparcido sobre sus tierras.

El producto, del que la parte ecuatoriana sostiene que se utiliza una "mezcla secreta" nociva para las personas y la fauna y flora, se lanza desde el aire sobre cultivos ilícitos. Según el Gobierno colombiano, los mismos son controlados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que habrían camuflado minas antipersona entre las plantas. De ahí que no puedan ser arrancadas a mano.

La Administración del presidente Rafael Correa, que asegura "haberlo intentado todo por la vía diplomática antes de acudir a los jueces", no pretende que sus vecinos dejen de combatir la coca. "Nosotros también deseamos acabar con el narcotráfico. Pero recurrimos al arbitraje internacional para que Colombia se abstenga de una vez de realizar aspersiones aéreas que el viento acaba trayendo a nuestro suelo. Pedimos que se respete una franja de al menos 10 kilómetros desde la frontera para evitar lo que los científicos denominan el efecto deriva de la fumigaciones", afirmó Diego Cordóvez, representante ecuatoriano ante el Tribunal Internacional, poco después de presentar la memoria que argumenta la petición de su país.

El contencioso ha causado resentimiento entre ambos países, que rompieron sus relaciones diplomáticas —que no comerciales— en marzo de 2008. Ese año, el Ejército colombiano bombardeó un campamento guerrillero clandestino, situado en territorio ecuatoriano, causando la muerte a Raúl Reyes, el número dos de las FARC.

Por esas fechas también, fue presentada ante el Tribunal Internacional la demanda contra el glifosato, a la que ahora se ha dado cuerpo jurídico. "Por supuesto que no pretendemos que Colombia deje de destruir las plantaciones de coca. Es sólo que no queremos que lo haga en nuestra frontera norte, porque nos perjudica", añade Cordóvez, antiguo ministro de Exteriores ecuatoriano y ex secretario general adjunto para Asuntos Políticos de Naciones Unidas.

"Tenga en cuenta que en esa zona hay comunidades indígenas, en especial el pueblo awa que significa gente, en su lengua] que llevan allí asentadas desde tiempo inmemorial. Viven en un aislamiento voluntario, pero el plaguicida causa un problema ambiental que es muy preocupante", añade Rodrigo Riofrío, embajador de Ecuador en Holanda.

Cordóvez señaló a Efe que la memoria, en la que se exigen "compensaciones" a Bogotá por los daños causados en territorio ecuatoriano, explica los perjuicios que las aspersiones han creado a la población "muy pobre" que vive cerca de la frontera con Colombia.

Además de constituir un conflicto fronterizo entre Estados, el caso típico para el que fue instituido el Tribunal Internacional, después de la II Guerra Mundial, para resolverlos de forma pacífica, la pugna entre Ecuador y Colombia tiene otro aspecto más novedoso. "Los dos países suman la mayor biodiversidad del mundo, y nuestra demanda muestra la evolución de derecho internacional hacia temas del entorno", dice Diego Cordóvez. Una tendencia inaugurada en 2006 por el conflicto sobre la presunta contaminación de dos papeleras que enfrenta a Uruguay y Argentina.

Colombia tiene hasta el 29 de marzo de 2010 para elaborar y presentar su memoria documental y refutar los argumentos expuestos por el Gobierno ecuatoriano.