Piñera dice que no habrá impunidad

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció ayer que no habrá impunidad para los responsables del derrumbe de la mina San José, que mantiene sepultados a 33 trabajadores . La empresa propietaria de la mina, San Esteban, no ha participado en las labores de rescate y tardó en avisar del accidente, además de vulnerar normas de seguridad y no pagar el seguro social de los mineros, según las denuncias. Un abogado de San Esteban afirmó ayer que la empresa podría declararse en quiebra, porque carece de liquidez para pagar los gastos que se avecinan.

La Cámara de Diputados inició hace días una investigación del derrumbe, mientras ayer se esperaba que 24 de las 33 familias de los mineros interpusieran una querella contra los propietarios de la mina y el Estado. "Vamos a investigar las responsabilidades y sancionar a los que tengan culpabilidad", afirmó Piñera ayer.

El historial de la mina San José registra más de 80 accidentes

El Gobierno quiere reforzar las medidas de protección de los trabajadores

La mina San José, cuyo historial registra más de 80 accidentes y que había sido clausurada tras la muerte de un minero, consiguió de un modo todavía no aclarado ser reabierta en 2008. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el órgano estatal que fiscaliza la seguridad de las operaciones mineras, le había exigido que instalara una escalera en el conducto de ventilación para que los trabajadores pudieran salir en caso de accidente.

Sin cumplir esta condición, la empresa logró reabrir la instalación. El jefe del Sernageomin, depuesto por Piñera, sostuvo ante la comisión investigadora que la autorización la dio un subordinado suyo, sin que él se enterara.

Los órganos fiscalizadores trabajan con una pobreza franciscana de medios y personal. Para vigilar la seguridad de 1.000 instalaciones mineras en la región de Atacama, donde se encuentra la mina San José, el Sernageomin cuenta con solo dos inspectores. Los sindicatos han denunciado además las precarias condiciones de seguridad en las minas pequeñas y medianas, que las empresas sobreexplotan en los periodos de buenos precios de los metales.

Una de las consecuencias que deja el derrumbe es la decisión del Gobierno de mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores de distintos sectores. Piñera formó ayer una comisión de expertos, que encabeza la ministra del Trabajo, Camila Merino, para que en 90 días entregue propuestas para ampliar las atribuciones de los organismos fiscalizadores del Estado y las sanciones a las empresas que vulneran las normas en la minería, construcción, agricultura e industria.

En la actualidad, a muchas empresas les resulta más económico pagar una multa por incumplir una norma de seguridad que invertir para mejorar las condiciones en las que están los trabajadores. Piñera dijo confiar en que el derrumbe en la mina San José sirva para dar un "gigantesco salto adelante en la dignidad, la seguridad y las condiciones" en las que se desempeñan los trabajadores.

El accidente, que pudo ser evitado si la empresa y el organismo estatal que la fiscalizaba hubiesen cumplido con las normas, ha provocado una indignación general. Y también una reacción de unidad de todos los sectores políticos, simbolizada por el abrazo que se dieron el domingo, junto a la mina, el presidente Piñera, de derecha, y la senadora socialista Isabel Allende, hija del ex presidente Salvador Allende, cuando se pudo establecer que los mineros estaban vivos.