El 'cartel militar' de la cocaína en Perú

El hermano mayor de Antonio era teniente de policía en el norte peruano hasta su huida a Lima, perseguido por narcotraficantes y asalariados del hampa en el cuerpo. "Aquí, cuando llueve, llueve para todos", le advirtió un coronel cuando rechazó mojarse en el comercio de la cocaína. El teniente no quiso retirar la denuncia contra un conocido capo y su casa fue tiroteada. Escapó de Iquitos con la mujer e hijos y fue expedientado por abandono del servicio. Presentó denuncia a su general, pero fue inútil: le pidió pruebas firmes. No las tenía, y al continuar las amenazas abandonó la policía. Aún se oculta detrás de uno de los miles de puestos ambulantes de la capital andina. Allí se gana la vida. "Nos dijo que si cedía le habrían chantajeado toda su vida", comentaba Antonio a este enviado.La implicación militar en el narcotráfico no es nueva, aunque este negocio, que envenena con más de mil millones de dólares (128.000 millones de pesetas aproximadente) el sistema financiero nacional, haya escandalizado hace dos semanas al caer detenido uno de los seis edecanes del presidente Alberto Fujimori.

Luis Escárcena Ishikawa, comandante de la Fuerza Aérea, fue arrestado en una redada contra la mafia militar detrás del envío a Europa o Estados Unidos de 174 kilos de cocaína pura (aproximadamente nueve millones de dólares en el mercado consumidor). Escárcena era uno de los pilotos del avión presidencial hasta el pasado año, dentro de cuyo fuselaje ocultaba el alijo. Alguien alertó sobre su existencia porque, contrariamente a los vuelos de pasajeros, las naves militares no son registradas por la Dirección Nacional Andidrogas. Motores de cazas necesitados de reparación figuraban como mercancía de a bordo en el manifiesto de carga del avión intervenido, dispuesto en la base Grupo 8 de Lima para un viaje con destino final en Moscú.

La detención de 12 oficiales y suboficiales, entre ellos el coronel Óscar. Salinas, segundo jefe del Ala Aérea 2, demuestra el peligroso grado de penetración que ha conseguido el narcotráfico en las Fuerzas Armadas aunque el Gobierno trate de presentar la operación como un caso aislado. "No me interesa si son oficiales, generales o quien sea. Les caeremos con todo", garantizó el jefe del Gobierno, quien ha instado al grupo de involucrados a acogerse a la reducción de pena establecida en la ley de arrepentimiento de narcotraficantes. Previamente deben delatar a los cabecillas.

El suboficial Jorge Barreto aceptó la reducción de pena e informó a su abogado sobre la presencia de "altos mandos" de la Fuerza Aérea entre los organizadores de la última operación. Destacando el, compromiso oficial contra ese delito, puesto en duda por parlamentarios de la oposición, el ministro de Defensa, Tomás Castillo Mesa, se apresuró con la difusión de la relación de uniformados sujetos a proceso por su presunta participación en diferentes operaciones de tráfico de drogas: son 348 y de ellos 330 pertenecen al Ejército, 10 a la Marina y 8 a la Aviación.

Desarticular las complejas ramificaciones del narcotráfico en los cuarteles no será fácil porque la complicidad en el delito es muy fuerte. Pero no todos callan. En una causa incoada contra medio centenar de civiles y militares, José Humberto Chávez, Calavera, detenido hace cinco años, implicó al general retirado Jaime Ríos Araico, ex jefe del Alto Huallaga, zona cocalera por excelencia. Ese mando, según la imputación del reo civil, avalaba los negocios de la familia de Calavera y se benefició de sus ingresos. Y de acuerdo con el diputado Javier Díez Canseco, todo hace suponer que la red delictiva en la aviación es antigua.

Cita el volumen de la cocaína incautada en el DC-8, la distancia entre los lugares de acopio y traslado y la minuciosidad empleada en el ocultamiento de los 174 kilos de clorhidrato. "Si se aprovecharon de viajes rutinarios, ¿por que no pensar que lo hicieron también en los viajes del presidente Fujimori, en los que la inmunidad es mayor?".

La Comisión de Fiscalización del Congreso sabe de más casos de personal castrense en el comercio: algunos de los inculpados llevan un tren de vida imposible de sufragar con el salario de armas. En 1991 se estrelló en la selva de Madre de Dios un avión que había despegado sin autorización pese al mal tiempo reinante. Entre los restos se encontró una millonada en dólares y el cadáver de un alférez apartado de filas por narcotráfico. Un año antes era detenido un capitán con 235 kilos de cocaína listos para su despacho. También se registran denuncias sobre utilización de helicópteros en el transporte de pasta base. El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Gilberto Siura, miembro de la gubernamental Cambio 90-Nueva Mayoría, impulsa un proyecto de ley para modificar el Código Penal y exige castiaos ejemplares contra aquellos miembros de los cuerpos de seguridad compinchados con los narcos: deben ser juzgados como traidores a la patria y sentenciados a duras penas, cadena perpetua y pena de muerte incluidas.