Obama: "Nosotros no torturamos"

El presidente Barack Obama pasó ayer las páginas más oscuras de la anterior Administración y ordenó, además del cierre de Guantánamo, acabar con la tortura, las detenciones ilegales, las cárceles secretas de la CIA, los traslados de presos a regímenes dictatoriales y toda otra forma de trato vejatorio a los detenidos en contra de los elementales principios humanitarios.

"Es una acción vehemente para restaurar los procedimientos legales y los valores constitucionales que han hecho grande a este país incluso en el fragor de la guerra", dijo Obama al firmar los decretos que devuelven a EE UU al campo de las naciones civilizadas.

Junto con la formalización del cierre de Guantánamo en el plazo máximo de un año, que ya había sido anunciado el día anterior, el presidente de Estados Unidos firmó un segundo decreto en el que se encarga a los responsables de los departamentos afectados la elaboración de unas normas sobre "retención, detención, juicio, transferencia o liberación de detenidos" que se atengan a las exigencias básicas de las Convenciones de Ginebra.

Los nuevos decretos facilitarán el acceso de Cruz Roja a los detenidos

Un tercer decreto prohíbe expresamente las instrucciones sobre métodos de interrogatorios dadas durante todos los años de la Administración anterior y advierte que los únicos sistemas permitidos a partir de ahora son los que constan en el Manual de Campo del Ejército, que excluye, por ejemplo, la práctica del ahogamiento.

La orden presidencial exige que todos los organismos del Estado que tengan que ver con la seguridad faciliten el acceso de los detenidos a Cruz Roja y ordena a la CIA el cierre de todos sus centros de detención -George Bush había dicho que ya no quedan-, y le prohíbe en el futuro poner en funcionamiento ese tipo de instalaciones.

Estas medidas, declaró Obama, "además de promover un trato seguro y humano de aquellos individuos bajo la custodia de Estados Unidos, aseguran el cumplimiento de los tratados firmados por Estados Unidos, incluidas las Convenciones de Ginebra".

"Nos vamos a regir por una regla que dice: nosotros no torturamos", manifestó el presidente, quien afirmó que esto supone la aceptación de "una norma que se remonta a los Padres Fundadores, unas exigencias de conducta que no sólo se aplican cuando es fácil sino cuando resulta más difícil", en alusión al ataque sufrido por Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 y la posterior guerra contra el terrorismo. "Vamos a intentar ganar esa guerra", añadió, "pero lo vamos a hacer de acuerdo a nuestras normas".

Un alto funcionario de la Administración explicó, posteriormente, que cuando el presidente les dio instrucciones de redactar esta nueva legislación, lo hizo "con la condición de que la seguridad de Estados Unidos no se viera amenazada". En su discurso de toma de posesión, Obama rechazó como falsa "la opción entre seguridad y los ideales".

Con toda la grandeza que pueda encerrar esa frase, los pasos dados en sus primeras horas por Obama en relación con este asunto conllevan un riesgo considerable. Estados Unidos no ha sufrido un ataque terrorista en su territorio desde el 11-S, y la Administración anterior atribuía ese logro al precio que tuvo que pagar en materia de derechos humanos. Cierto o no, ese dilema va a estar presente en la mente de los ciudadanos si se produce algún atentado en los próximos meses.

Algunas de las decisiones tomadas ayer por Obama tienen, además, cierta complejidad para su cumplimiento. No es fácil, por ejemplo, garantizar el respeto de las normas de interrogatorio que se decidan en los centenares de frentes en los que soldados, espías y agentes de seguridad estadounidenses actúan simultáneamente cada día.

Especialmente difícil resulta la solución de Guantánamo. Además del derribo del andamio legal levantado para su apertura, que debe hacerse con acciones coordinadas de los departamentos de Justicia y Defensa, es necesario encontrar una salida a los cerca de 250 presos que quedan en aquella base.

Un alto funcionario informó ayer de que los presos serán divididos en tres categorías: aquellos que van a ser transferidos a otros países, los que van a ser juzgados por tribunales estadounidenses y los que no entran en ninguno de los dos grupos anteriores. Los casos de estos últimos serán revisados personalmente y, probablemente, cada uno requerirá un tratamiento diferente mediante alguna ley o decreto específicamente destinado a él.

Esa misma fuente aseguró que la Administración de Estados Unidos no ha iniciado todavía oficialmente conversaciones con países que, eventualmente, estén dispuestos a dar acogida a algunos presos. "Estamos convencidos, sin embargo, de que hay varios Gobiernos dispuestos a ayudarnos a resolver este problema", dijo.

Las autoridades estadounidenses se asegurarán de que ninguno de los presos es trasladado a países que no alcancen determinados niveles de democracia y derechos humanos, lo que excluye, según el portavoz citado, a China como posible territorio de acogida.