Miles de manifestantes en Perú piden instaurar la pena de muerte

Una multitud de 3.000 manifestantes ha recorrido este viernes las calles de Lima para pedir la instauración de la pena de muerte. El presidente, Alan García, propone reformar la Constitución para convocar un referéndum sobre la pena capital.

Las manifestaciones están prohibidas en el centro de la ciudad, pero el presidente, Alan García, que es partidario de la pena de muerte, se ha reunido con representantes de los manifestantes y se ha dirigido a una multitud de casi 3.000 asistentes desde el balcón del palacio presidencial.

"El pueblo no quiere venganza, el pueblo quiere justicia", ha dicho García. "No puedo acallar el clamor del pueblo de Perú. Prometí instaurar la pena capital durante la campaña electoral y quiero ser honesto y leal al pueblo." La multitud coreaba "pena de muerte" y "justicia".

García propuso en su programa electoral aplicar la pena de muerte para los condenados por terrorismo y violación de menores. Era una de las promesas que incluyó en la campaña con la que venció las elecciones del año pasado en el país andino. La propuesta sería para las nuevas condenas y no podría aplicarse retroactivamente.

Pero García se ha encontrado con la oposición del Congreso, que este mes ha vetado su propuesta de instaurar la pena capital. La semana pasada solicitó cambiar la constitución para poder convocar un referéndum sobre la nueva medida. El presidente ha afirmado este viernes que el 85% de los hogares peruanos apoyan la pena de muerte para los culpables de terrorismo y violación de menores.

La Constitución peruana de 1993 incluye la aplicación de la pena capital por delitos de terrorismo, pero el código penal no permite aplicarla en cualquier circunstancia.

Algunas voces críticas han tachado la cruzada por la pena capital de García de "populista", "autocrática" y perjudicial para la imagen internacional de Perú. César Landa, presidente del Tribunal Constitutional ha señalado que probablemente la iniciativa es inconstitucional, "independientemente de lo popular que pueda ser". El tribunal tendrá la última palabra sobre el asunto tras un referéndum.

Muchos ciudadanos de Perún aún conservan recuerdos dolorosos de los atentados mortales perpetrados por los rebeldes maoístas entre 1980 y 1998. Cerca de 69.000 peruanos de todo el arco político fueron asesinados o desaparecieron durante esos años. Miles de rebeldes izquierdistas han sido condenados desde entonces a largas penas de prisión por delitos de terrorismo.

El Congreso sostiene que la aprobación de la pena capital vulneraría la Convención americanoa sobre los Derechos humanos, firmada por Perú. El texto estipula que los firmantes no pueden reinstaurar la pena de muerte ni ampliar su aplicación.