"Llegar y llevar", el escándalo de los almacenes chilenos La Polar

La Polar, que hace un año era la estrella emergente del sector de grandes almacenes y supermercados de ventas al detalle (llamado retail en Chile), y cuyo presidente hasta hace una semana, Pablo Alcalde, fue elegido en 2009 Ejecutivo de la Década por sus pares, protagoniza hoy un escándalo por repactar unilateralmente las deudas impagadas de 418.000 clientes -sin consultarles y con intereses más altos-, y por haber ocultado o entregado información falsa al mercado. Esta situación ha llevado a la empresa a afrontar querellas en la justicia, ser investigada por una comisión en el Parlamento, ha provocado el derrumbe de sus acciones y la ha dejado al borde de la insolvencia.

El caso de La Polar, que salpica a directores y ejecutivos de la empresa, a sus auditores, Price Waterhouse Coppers, y a dos de los organismos fiscalizadores del Gobierno -las superintendencias de Valores y Seguros y la de Bancos-, permitió entrever la burbuja de endeudamiento en la que viven muchos chilenos de bajos ingresos. Las acciones de La Polar, que hoy volverán a negociarse en la Bolsa después de estar suspendidas una semana, se desplomaron un 42% en un día, arrastrando a la baja a otras empresas del sector y han provocado pérdidas de hasta 250 millones de dólares a los fondos de pensiones.

Los más afectados han sido los clientes, en su gran mayoría personas con ingresos equivalentes a entre 450 y 900 euros mensuales, a los que esta empresa arrastró al mundo del consumo, con ofertas de televisores de plasma, celulares de última generación y computadores. El lema de la empresa: "Llegar y llevar" se encarnó en el acceso a estos bienes, en una suerte de "democratización del consumo", mediante pagos de hasta 48 mensualidades.

A diferencia de otras empresas del retail concentradas en grupos de altos ingresos, La Polar, que partió como una sastrería modesta de Santiago en 1920, se dedicó a las clases medias bajas y bajas. Ofreció estar a la moda a quienes habitualmente están excluidos y miran desde afuera las doradas vitrinas del consumo. El precio era barato: bastaba con tener la tarjeta de crédito de La Polar, que la empresa entregaba con muy pocos requisitos.

Uno de los iconos de su publicidad fue el popular centrodelantero del Real Madrid Iván Zamorano, un futbolista chileno que con esfuerzo y goles surgió desde la pobreza, junto a su esposa, la modelo argentina María Alberó. La Polar, que tiene 44 almacenes en el país, estaba en expansión hacia Colombia, donde iba a abrir cinco tiendas con el mismo modelo, cuando la burbuja reventó.

Si un cliente no podía pagar tres mensualidades seguidas, las instrucciones eran claras en La Polar: "renegociar" su deuda sin preguntarle. Así, en vez de pasar a la cartera de morosos, con créditos impagos por los que la empresa debería haber aumentado sus provisiones, lo que significa inmovilizar capitales, el cliente quedaba como un deudor saneado, con su deuda renegociada pero multiplicada varias veces por los intereses acumulados.

Clientes que compraron el equivalente a 150 euros después de varias de estas "renegociaciones" unilaterales quedaron debiendo más de 3.000 euros. De los 1,2 millones de clientes de La Polar, 418.000 fueron víctimas de estas operaciones sin consultar. La deuda promedio por cliente de La Polar cuadruplicaba a la de otras empresas. Supuestamente, nadie lo advirtió. Ni el directorio, la empresa auditora, los organismos encargados de supervisar el sector que tiene el Gobierno, los accionistas, ni siquiera la competencia, que podría haberse preguntado por qué La Polar obtenía mejores resultados.

Al igual que en el caso Enron, los ejecutivos involucrados recibían millonarios bonos adicionales a sus salarios, que les pagaban en acciones de La Polar por los resultados que esta lograba. Al parecer, la falta de un controlador único de la empresa hizo más laxa la vigilancia de los directores, aunque algunos creen imposible que no lo advirtieran.

La operación fue descubierta por un pequeño estudio de abogados jóvenes que cruzó información pública y alertó al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el que presentó una demanda colectiva contra la empresa por repactaciones sin consentimiento de sus clientes, a la que ya se han sumado más de 5.000 personas.

En 15 días el caso creció como una bola de nieve y llenó las páginas de la prensa. Cayeron el presidente de la empresa y varios de los ejecutivos. La policía allanó los domicilios y oficinas de los involucrados, incautándose de computadores y archivos, y los fondos de pensiones se querellaron por las pérdidas sufridas.

La oposición criticó al Gobierno por los errores de fiscalización y La Moneda reaccionó primero despejando su retaguardia: destituyó a cuatro ejecutivos y directores de La Polar en los directorios de empresas del Estado donde los había nombrado. Después contraatacó. La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, sostuvo que el delito de los ejecutivos que mintieron al entregar información "es tan grave como robar un cajero automático", mientras que el presidente Sebastián Piñera recordó que estas prácticas de La Polar se arrastran desde hace años, en los Gobiernos de la coalición de centroizquierda, y advirtió de que el Gobierno será "implacable" en perseguir a los responsables.

Además de poner en jaque la filosofía del "Llegar y llevar" de quienes tienen bajos ingresos y empleos precarios e inestables, el caso puso sobre el tapete la falta de regulación de las tarjetas de grandes almacenes y supermercados, que en total representan el 80% del endeudamiento de las personas. Las deudas que los chilenos tienen en el retail no están consolidadas con las de tarjetas bancarias, por lo que recién se ha entreabierto la caja negra del endeudamiento de los chilenos.