Israel deja de expedir permisos de trabajo a cooperantes de ONG

Unas son ONG israelíes que denuncian extorsiones a ciegos palestinos para que colaboren con los servicios de espionaje israelíes, o la muerte de una joven de 18 años que sucumbió al cáncer mientras esperaba el permiso para abandonar Gaza. Otras tienen dimensiones planetarias. Pero todas forman parte de lo que el Gobierno de Benjamín Netanyahu denomina campaña de deslegitimación del Estado.

El caso es que las autoridades han frenado la expedición de visados de trabajo a cooperantes de ONG como Save the Children, Oxfam o Médicos sin Fronteras, mientras el martes una organización vinculada a la derecha radical, conocida no precisamente por su transparencia, presentaba una demanda ante los tribunales de Estrasburgo contra la Comisión Europea por falta de transparencia en la concesión de las ayudas que perciben la pléyade de organizaciones que trabajan en los territorios palestinos ocupados.

Si los trabajadores humanitarios son árabes, la persecución se agrava

Desde el fin del ataque a Gaza hace un año -que le ha acarreado acusaciones por crímenes de guerra en Naciones Unidas, trifulcas diplomáticas en capitales europeas y órdenes de detención contra líderes políticos y militares en el Viejo Continente-, Israel libra la batalla en los ministerios de Asuntos Exteriores y en los medios de comunicación extranjeros. El papel que desempeñan las ONG en esos ámbitos no es desdeñable. El propio primer ministro israelí incidía anoche, durante una recepción a los medios de comunicación extranjeros, sobre este espinoso asunto.

Lo llamó el "efecto Goldstone", en alusión al juez surafricano que redactó un duro informe sobre la guerra de Gaza. "El primer desafío es el programa nuclear iraní; el segundo, los cohetes y misiles en las fronteras norte y sur. El tercero, el informe Goldstone, que pretende atarnos las manos para que no podamos defendernos", afirmó Netanyahu.

Así las cosas, los cooperantes extranjeros que pululan por cualquier rincón de Cisjordania y Gaza van camino de convertirse en simples visitantes. Es un grave problema para esos activistas. Para no estar sometidos a severas restricciones en la libertad de movimientos es imprescindible el permiso de trabajo que concede el Ministerio del Interior, que observa a estos foráneos como potenciales enemigos. Desde hace meses, según informaba el diario Haaretz, muchos de estos cooperantes sólo obtienen visados de turista.

Pero no son sólo las ONG extranjeras las que sufren crecientes dificultades. Un grupo de asociaciones israelíes padecen un acoso permanente. Sus dirigentes, tildados de selfhating jews (judíos que se odian a sí mismos), son un puñado de personas bien conocidas cuya misión depende de la financiación de Gobiernos foráneos, especialmente europeos. NGO Monitor -una organización que se declara independiente del Ejecutivo hebreo, por coincidentes que sean sus intereses- anunció ayer que ha presentado una demanda contra la Comisión Europea en los tribunales de Estrasburgo. Aseguran que Bruselas no ofrece información suficiente. El británico-israelí Gerald Steinberg, su promotor, aseguraba que desde 2005 la UE ha donado "al menos 177 millones de euros a ONG que hablan de apartheid y de crímenes de guerra en un proceso de demonización de Israel".

La campaña contra las ONG cobra así impulso. Y si sus cooperantes son árabes, la persecución se agrava. Ha sido el caso de Mohamed Othman y Jamal Musa, activistas de Stop The Wall (Detener el Muro), que fueron encarcelados durante meses o semanas sin que se presentaran cargos.

Othman regresaba de dar conferencias en Noruega, uno de los países más escrutados por la diplomacia hebrea, cuando dio con sus huesos en prisión. A Jared Maslin, editor de la página web en inglés de la agencia de noticias palestina Maan, estadounidense de origen judío, tampoco le fue mejor tras ser interrogado durante ocho horas en el aeropuerto de Tel Aviv la semana pasada. Ha sido expulsado de Israel.