Guatemala, país en el que la impunidad es absoluta, acoge la asamblea de la CIDH

Guatemala, un habitual en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acoge desde ayer la XXX Asamblea Extraordinaria de la entidad. Para Frank La Rue, comisionado de la gubernamental Comisión Presidencial para los Derechos del Hombre, la distinción obedece a "un cambio de rumbo" en la materia por parte del Estado. "Hemos pasado de la negación al reconocimiento pleno de la responsabilidad del Estado en los hechos del pasado (?), a honrar la memoria de las víctimas y a pedir perdón e indemnizar a sus familiares". Sin embargo, la violencia común, con un promedio de 16 asesinatos diarios, un 98% de ellos en total impunidad, demuestra la debilidad absoluta del sistema de justicia, señala Yolanda Pérez Ruiz, ex presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

"En el corto plazo, no veo ningún cambio en la eficiencia y eficacia del sistema de justicia", afirma Pérez, quien califica al organismo judicial como "la Cenicienta del Estado". Añade que hay una deficiencia instalada en la policía, tanto en su trabajo preventivo como de represión del delito. A esto se suma que la fiscalía se confiesa incapaz en su labor investigadora, al carecer de elemento humano y de medios técnicos para cumplir su labor.

"Si no tenemos una buena investigación, nunca llegaremos a conseguir el castigo de los delincuentes. Aunque tuviéramos un cuerpo excelente de jueces ?que no lo tenemos, porque nuestro sistema judicial es sumamente débil y demeritado?, sin pruebas nunca se llegará a la condena. Así, nos encontramos como emparedados por la impunidad".

Para romper el círculo vicioso, Ruiz se pronuncia por un cambio radical en el sistema de justicia, gesto que requiere mucho valor "porque hay en juego muchos intereses y personas dispuestas a que la debilidad y la ineficiencia judicial se mantengan en el país".

Esta debilidad de Estado hace que muchos analistas independientes afirmen que Guatemala va camino de convertirse en el primer Haití continental. Al respecto, la ex presidenta del CANG cita a Naciones Unidas, que ha declarado a este país centroamericano como "un Estado inviable". "La haitización de Guatemala no es una pesadilla a corto plazo. Es ya una realidad. Cuando un Estado es incapaz de solventar las mínimas necesidades de sus ciudadanos, la delincuencia toma su lugar y empieza a satisfacer las necesidades de la población, en materias tan elementales como el trabajo, que no podrá ser el ideal, pero que les permite comer y sobrevivir", afirma Yolanda Pérez.

"La gravedad de la situación", añade, llega a tal extremo que "ya no hay ámbito en el Estado guatemalteco que no esté penetrado por la delincuencia". Para ilustrar la situación, Pérez cita lo que ocurre en el oriente de Guatemala, en donde los partidos políticos no pueden encontrar candidatos para las elecciones locales de septiembre próximo, "porque un mini capo mafioso mantiene amenazada a la ciudadanía para colocar en los cargos a sus incondicionales". Concluye afirmando que "un simple vistazo a los titulares de la prensa local es suficiente para convencerse de que el Estado Guatemalteco es ya un Estado fallido".

Las estadísticas confirman la apreciación. Durante 2006, en las calles guatemaltecas fueron asesinadas 5.885 personas. El 98% de estos crímenes ni siquiera se investigan. Del 2% restante, sólo un 0,5% pueden llegar a tribunales donde, por ausencia de pruebas, los jueces terminan absolviendo a los criminales, aún en los casos en que fueron capturados in fraganti en la comisión del delito.

Al respecto, Frank La Rue admite que, aunque el Estado mantiene una firme voluntad de respeto a los derechos humanos, "seguimos padeciendo de inseguridad y de impunidad. La justicia no alcanza a todos". De ahí la necesidad de crear una comisión investigadora de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos (un Estado paralelo marcado por el terror), que el país no es capaz de echar a andar.

"El Estado de Guatemala pide el apoyo de la comunidad internacional, básicamente de Naciones Unidas, para lograr la creación y pleno funcionamiento de esa Comisión", afirma La Rue, quien admite que "ahora hay más muertos por la violencia común que la gente que cayó durante el enfrentamiento armado", en alusión a los 36 años de guerra civil que se vivieron en esta nación entre 1960 y 1996.