La Eurocámara afronta hoy dividida la lucha contra la inmigración ilegal

El debate sobre la directiva de retorno de los emigrantes sin papeles que hoy se vota en el Parlamento Europeo ha adquirido dimensión internacional. Un total de 44 países de África y América Latina se han dirigido a los representantes de la UE para condenar "este intento normativo de violar los derechos humanos". La directiva prevé la detención de los inmigrantes irregulares hasta 18 meses y la expulsión de los menores.

La votación de hoy, que ha provocado una profunda división en el seno del Parlamento Europeo, es determinante, ya que si prospera una sola de las enmiendas, el texto iniciaría una nueva tramitación de dos o tres años. Mientras tanto, arrecian cada vez más las críticas de las organizaciones humanitarias no gubernamentales y de juristas por la violación de varios convenios sobre derechos humanos.

Los representantes de los países africanos y latinoamericanos han dirigido sendas misivas al Alto Representante de la Unión, Javier Solana; al ministro de Exteriores de Eslovenia, que ostenta la presidencia de turno de la UE, Dimitrij Rupel, y a la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión, Benita Ferrero-Waldner, en las que consideran que "es fundamental asegurar el goce y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, indistintamente de su condición". Las cartas propugnan "un enfoque comprensivo de la migración internacional que incluya la gestión ordenada de los flujos migratorios". Y recuerda "la importante contribución económica, social y cultural de los migrantes en las sociedades receptoras".

También una cincuentena de personalidades del mundo del arte y la cultura han dirigido un escrito a los miembros del Parlamento Europeo para que no adopten una directiva que "permite la detención administrativa de los inmigrantes irregulares hasta 18 meses; la posibilidad de expulsión de los menores no acompañados a terceros países y la prohibición de volver a entrar en toda la Unión durante cinco años". Entre los firmantes figuran los cantantes Manu Chao y Miguel Ríos y la actriz Pilar Bardem.

La directiva cuenta con el apoyo generalizado de los grupos conservadores: Partido Popular Europeo (288 escaños) y Unión de la Europa de las Naciones (43), y buena parte de los liberales (99). Pero algunos católicos y protestantes de estos grupos (especialmente italianos y polacos) han expresado sus reservas. Contra la directiva votará el Partido de los Socialistas Europeos (216), aunque alemanes, británicos, españoles, búlgaros, polacos y rumanos habían mostrado muchas reticencias. La Unión de la Izquierda Europea (41) y los Verdes (43) son los dos grupos más firmes contra el texto. Por razones distintas también están en contra los euroescépticos del Grupo Independencia (22), y es difícil prever el sentido de voto de los 32 no inscritos.

Las dos enmiendas que revistieron ayer más polémica son, por un lado, la que se opone a la posibilidad de expulsar o detener a los menores no acompañados a terceros países, y por otro, la que exige que las órdenes de detención administrativas deban ser confirmadas por los jueces en el plazo de 72 horas.

Fondos bloqueados

Mientras no se apruebe la directiva, a la que ya dieron luz verde los Estados el pasado 5 de junio, permanecerán bloqueados unos 676 millones de euros del Fondo Europeo de Retorno para el periodo 2008-2013. Para 2008, los fondos bloqueados ascienden a 82,2 millones de euros. Los Estados tienen especial interés en disponer de estos recursos y es una de las razones por las que presionaron para su aprobación, para financiar parte de los costes de la expulsión de inmigrantes.

La UE recibe entre 1,5 y 2,5 millones de inmigrantes cada año, según señaló el comisario de Libertad y Justicia, Jacques Barrot. El comisario también admitió que la UE tenía necesidad de 20 millones de inmigrantes desde ahora hasta 2040. La directiva de retorno ha sido fuertemente criticada por el Comisariado de Derechos Humanos del Consejo de Europa y por la Asociación Europea de Defensa de los Derechos Humanos, que afirman que "la detención de hombres, mujeres y niños hasta 18 meses simplemente por estancia ilegal es inaceptable".