Elizardo Sánchez: "Castro está dispuesto a cerrar el puño de hierro"

Las duras penas de prisión dictadas contra 75 disidentes cubanos, esta semana, y las "ejecuciones precipitadas" de los tres secuestradores de una lancha de pasajeros, el viernes pasado, son para el disidente cubano Elizardo Sánchez prueba de que "el Gobierno de Fidel Castro está dispuesto a cerrar aún más el puño de hierro con el que ha gobernado el país durante décadas". Según Sánchez, otros 50 reos esperan ejecución en Cuba.

A su juicio, con "el endurecimiento de la represión el Gobierno reitera su actitud de verdadero desafío a la comunidad internacional y a la conciencia universal". Sánchez, que preside la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CDHRN) y se define de tendencia socialdemócrata, expresó su "profunda consternación" por los tres fusilamientos del viernes y condenó los "procesos sumarísimos" empleados para dictar sentencia -tanto en el caso de los disidentes como en el de los secuestradores- por considerar que "aumentan el riesgo de errores judiciales y de violación al derecho debido".

"En los hechos por los que fueron juzgados [los secuestradores] no hubo ningún muerto ni lesionados; por lo tanto, estas condenas a muerte son totalmente desproporcionadas e injustificadas", afirmó Sánchez. Según la CDHRN, más de cincuenta presos aguardan su ejecución en los corredores de la muerte de las cárceles cubanas. Sánchez dijo que con el ajusticiamiento de Lorenzo Copello, Bárbaro Leodán Sevilla y Jorge Luis Martínez, las autoridades han puesto fin a la "moratoria" en la aplicación de la pena de muerte que mantenían desde abril de 2000, cuando fue ejecutado un condenado por un delito común.

A la espera de conmutación

Entre los condenados a muerte que se hallan a la espera de que el Consejo de Estado decida si conmuta o no la sanción está Humberto Eladio Real, detenido en 1994 tras desembarcar en la isla procedente de Estados Unidos a la cabeza de un comando armado, que antes de su arresto provocó la muerte de un civil.

También aguardan su suerte los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez, autores de la colocación de varias bombas en hoteles e instalaciones turísticas de La Habana en el verano de 1997, que provocaron la muerte de un turista italiano. Los dos salvadoreños son los únicos extranjeros condenados en Cuba por terrorismo.

El año pasado, la fiscalía pidió la pena de muerte para un cubano acusado de asesinar a seis personas, entre ellas un ciudadano español y un niño. Según Sánchez, solo el 5% de las condenas a muerte dictadas por tribunales cubanos corresponde a delitos contra la seguridad del Estado de implicación política más o menos directa.

El final de la "moratoria" de las ejecuciones se produce en un ambiente de tensión en Cuba tras dos secuestros de aviones de pasajeros en menos de un mes y la desarticulación, esta semana, de otro intento de secuestro en el aeropuerto de Nueva Gerona, capital de la Isla de la Juventud, al sur de La Habana. Según las autoridades, en los últimos siete meses se han producido otros tantos secuestros de aeronaves o embarcaciones, todos con el propósito de llegar a EE UU.

El Gobierno de Fidel Castro acusa a Washington de estimular estos hechos violentos por mantener en vigor la Ley de Ajuste Cubano, que establece que todos los cubanos que llegan a EE UU, aunque sea a través de una vía ilegal, tienen derecho a obtener el permiso de residencia.

La ejecución de los tres secuestradores se produjo sólo cuatro días después de que 75 disidentes, que el régimen de La Habana acusó de "conspirar" con Estados Unidos para subvertir el orden interno en la isla, fuesen condenados en juicios sumarísimos a penas de privación de libertad que oscilaban entre 6 y 28 años.

Más de la mitad fueron sancionados a penas de cárcel de 20 años o superiores. Un total de 41 de los condenados participaron en la recogida de 11.000 firmas en apoyo del llamado Proyecto Varela, iniciativa opositora que solicita la convocatoria de un referéndum sobre el cambio político en Cuba. Otros 34 eran periodistas disidentes, entre ellos el poeta y fundador de la agencia ilegal Cuba Press, Raúl Rivero, condenado a 20 años de cárcel.