EE UU acusa a Berlusconi de querer controlar los contenidos de Internet

Un cable confidencial filtrado a Wikileaks y enviado a Washington por el embajador en Roma, David Thorne, el 3 de febrero de 2010, contiene juicios muy severos sobre el Gobierno italiano por la iniciativa legislativa conocida como ley Romani, que entró en vigor en marzo y regula el uso de Internet y la televisión de pago en Italia. Según decía la nota, la ley "dará margen para bloquear o censurar cualquier contenido" y "favorecerá a las empresas de Silvio Berlusconi frente a sus competidores".

Esto, añadía Thorne en su mensaje, "representa un modelo familiar", ya que "Berlusconi y Mediaset han usado el poder del Gobierno de esa forma desde la época del primer ministro Bettino Craxi", en los años ochenta.

El despacho, que extiende las críticas a la confusión entre público y privado ya emitidas en los informes referidos a la relación entre Berlusconi y Putin, califica además de "infame" un proyecto, manejado en los meses pasados por el Ejecutivo, que preveía obligar a los blogueros a obtener el carné de periodista expendido por el propio Gobierno.

Thorne critica sobre todo la ley Romani, llamada así por Paolo Romani, ex viceministro para las Comunicaciones y hoy ministro de Desarrollo Económico, tras un largo periodo en que el primer ministro ocupó esa cartera como interino a raíz de la dimisión de Claudio Scajola por un escándalo de corrupción.

La Embajada de Roma escribe que, si la ley sigue adelante como ha sido concebida, "sentaría un precedente para que naciones como China puedan copiarla o citarla como justificación para sus propios ataques contra la libertad de expresión". El embajador denota no fiarse de las promesas del Gobierno italiano, según el cual la norma solo pretende proteger el copyright, luchar contra la piratería y trasponer la directiva europea 65 de 2007, que armoniza la regulación de medios.

Esas afirmaciones "son sospechosas", dice. "La ley parece haber sido escrita para dar al Gobierno vía libre para censurar o bloquear cualquier contenido de Internet si lo juzga difamatorio o piensa que alienta actividades criminales".

La nota afirma que la ley que el Gobierno ha elaborado "facilitaría las bases para emprender acciones legales contra organizaciones de medios de comunicación que se constituyan en competición política o comercial contra miembros del Gobierno". Más abajo, Thorne comenta que "las élites tradicionales italianas, a ambos lados del espectro político, se sienten muy incómodas con la capacidad de Internet de puentear a los medios tradicionales que ellos controlan".

Y añade: "La nueva ley parece responder a esas preocupaciones, y dado que también sirve a los intereses del negocio de Berlusconi, es concebible que pueda hacerse realidad".

El despacho admite que Estados Unidos lleva años presionando a Italia para que apruebe leyes que eviten las descargas ilegales. "En ese tiempo, Italia ha hecho muy poco", afirma, y ahora "esta ley se salta toda colaboración y avanza de repente hacia una regulación muy estricta".

El embajador cita a una fuente de la patronal italiana, Antonello Busetto, que afirma que las medidas que propone Romani "significarían la muerte de Internet en Italia".

Según confirman directivos de la empresa de Rupert Murdoch al embajador, la norma "dará muchas ventajas comerciales a Mediaset, la televisión del primer ministro, frente a Sky, uno de sus mayores competidores (en realidad, el único)". Esos directivos, anota Thorne, "dijeron que Romani lidera los esfuerzos del Gobierno para ayudar a Mediaset y colocar a Sky en una situación de desventaja".

La normativa ofrece tres áreas de preocupación para la competencia empresarial y los intereses estadounidenses: "Límites a la subida de contenidos en Internet, techos de publicidad en la televisión de pago, y límites del contenido dirigido a adultos".

La intención del Gobierno, matiza el cable, es obligar a los proveedores de servicios de Internet (ISP) y a sitios como YouTube o Blogspot a ser "responsables del contenido que publican como lo son las televisiones", cosa que, subraya, muchos consideran "imposible tanto desde el punto de vista económico como desde el práctico".

"Dado que la norma puede convertir a los sitios de opinión y a los proveedores de servicios (ISP) en perseguibles por difamación, algunos la ven como un intento de controlar el discurso político en Internet", añadía Thorne.

Otros en cambio, agrega, "ven un ángulo comercial, dirigido a limitar los vídeos y televisiones disponibles en Internet mientras Mediaset avanza hacia el mercado de IPTV (televisión con protocolo de Internet)".

La ley preveía limitar en 2012 el techo de publicidad a las televisiones de pago, bajando el nivel europeo del 20% hasta un 12% (la ley finalmente decidió una disminución progresiva, del 16% este año al 12% en 2012). Según la fuente de la patronal citada por el embajador estadounidense, la medida permitirá a Berlusconi "ganar más dinero y controlar mejor la información pública".

Thorne muestra también su perplejidad porque sea el regulador de las comunicaciones, la Agcom, quien tenga el poder de bloquear el tráfico procedente de sitios no italianos y de "imponer multas de hasta 150.000 euros a las compañías extranjeras". El regulador, explicaba el embajador, es en teoría independiente, pero "muchos temen que no lo suficientemente fuerte para resistir la presión política".

Dos meses antes de escribir aquel despacho, el 30 de diciembre de 2009, Thorne había almorzado con Berlusconi en Milán y le preguntó por su opinión acerca de Internet. "Replicó que es 'importante para la libertad", anotaba Thorne. "Aunque siente también que hacen falta controles más finos para prevenir un uso extremista de las nuevas tecnologías".

Los nuevos medios digitales y en particular Facebook, proseguía el embajador, habían "irritado al Gobierno" por la convocatoria de la manifestación del Pueblo Violeta, No B. Day, y la "controvertida aparición" de páginas llamadas Kill Berlusconi tras la agresión sufrida por el primer ministro en Milán en diciembre de 2009.

Precisamente ayer, el movimiento Pueblo Violeta denunció a través de una nota que Facebook había "borrado arbitrariamente" su página en la red social "retirando las cuentas a los administradores e impidiendo colgar nada en la página, que tenía más de 350.000 seguidores".

Según añadía la nota del Pueblo Violeta, "la medida sucede justo cuando el movimiento estaba organizando la manifestación de mañana en Roma contra Berlusconi".

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