Costa Rica planea el primer referéndum de su historia

Unos 2,7 millones de costarricenses tendrán en sus manos la posibilidad de ratificar o enterrar el tratado de libre comercio (TLC) que centra los debates políticos desde agosto de 2004, cuando este país suscribió con Estados Unidos el acuerdo que también firmaron otros cuatro países centroamericanos y República Dominicana. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) publicó a finales de la pasada semana una sentencia que ha sorprendido incluso al Gobierno de Óscar Arias, en la que desestima las restricciones que daban casi por descartada la consulta popular vinculante como fórmula alternativa a la votación en el Congreso.

El primer referéndum en la historia de este país centroamericano, conocido por su tradición democrática, podría realizarse en agosto, según las aspiraciones del Ejecutivo. La resolución del TSE hizo cambiar de opinión a Óscar Arias y ahora no sólo avala la votación popular para el TLC, sino que ha anunciado la inminente firma de un decreto para que pueda celebrarse antes de septiembre, de forma que en marzo de 2008 el tratado y un paquete de leyes vinculadas lleguen a ser aprobados. Ésa es la fecha límite para que Costa Rica aplique un acuerdo comercial que los demás países firmantes ratificaron sin demasiada discusión en instancias legislativas, incluso en países con un discurso opuesto al de Estados Unidos, como la Nicaragua que preside Daniel Ortega.

Debate en el país

A favor del TLC se ha argumentado que garantiza el acceso de exportaciones al apetecido mercado estadounidense y que atraería más inversiones, con un efecto directo sobre la creación de empleos. Los opositores aducen que el TLC desprotege a los agricultores, que fomenta los empleos con bajos salarios y que contiene demasiadas concesiones a los estadounidenses, como el compromiso de romper los monopolios estatales en seguros y telecomunicaciones. La discusión no ha estado exenta de mitos y exageraciones por ambas partes. "Sabemos que en medio hay muchas pasiones; será un proceso de alto voltaje, en el que surgirán dudas y reproches de la más diversa naturaleza, pero estamos preparados en ánimo y organización", declaró Luis Antonio Sobrado, uno de los tres magistrados que dieron luz verde al referéndum.

Costa Rica será el primer país en someter a criterio popular el futuro de un acuerdo de libre comercio, explican las autoridades del Gobierno.El presidente se muestra optimista. "Vamos a decidir el destino del TLC de la forma más cercana a nuestra idiosincrasia: votando en paz y tranquilidad; no en las calles, sino en las urnas. No contaremos cabezas en una marcha, ni pancartas, ni barricadas. Simplemente, contaremos votos", dijo Arias tras una reunión con diputados de partidos opositores que formaron una coalición de 38 legisladores en respaldo del TLC, frente a 19 opositores, liderados por el Partido Acción Ciudadana (PAC).

La última encuesta, publicada por el diario La Nación en febrero pasado, fijaba en el 35% el apoyo al TLC y en el 26% el rechazo. Por eso, puede resultar determinante el 39% del electorado que se manifiesta deseoso de continuar debatiendo en torno al tema, a pesar de las horas y páginas consumidas en tres años de polémicas y acusaciones.

Apoyo al referéndum

El ex candidato presidencial del PAC, Ottón Solís, que casi arrebata a Arias el triunfo electoral en febrero de 2006 con una campaña centrada en la oposición al TLC, también aplaudió el referéndum. "El pueblo va a tener participación en una decisión más importante que la elección del presidente o los diputados en este país", dijo a la prensa. Insistió, sin embargo, en la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie a priori sobre el apego del tratado a la ley, un criterio que los magistrados ya rehusaron emplear.

El fallo del tribunal electoral ha sido bien recibido por la opinión pública y los sectores más enfrascados en la discusión sobre el sí o el no, a pesar de que aún falta definir si será el 30% o el 40% el porcentaje mínimo de participación para que el referéndum sea vinculante. También es una incógnita cómo resolverá el TSE la gestión del Ejecutivo, ya que la reciente sentencia respondía a una solicitud de referéndum mediante la modalidad de "iniciativa popular", más prolongada, presentada por un ex diputado disidente del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), José Miguel Corrales.

Según la ley aprobada en marzo del año pasado, la votación debería tener lugar tres meses después de la convocatoria formal, un plazo que Sobrado considera "angustiante".