El Congreso peruano debate legalizar el aborto y la eutanasia
Grupos pro-vida critican la idea y los partidarios celebran retomar un tema tabú
Perú vive un intenso debate en torno a la legalización de la eutanasia y del aborto. El detonante fue la propuesta realizada ayer por la Comisión Especial Revisora del Código Penal peruano del Congreso para su despenalización. El proyecto, avalado en primera instancia y que deberá ser discutido en un debate amplio en el Legislativo, permitiría interrumpir el embarazo en casos de violación sexual o malformaciones congénitas, de acuerdo a un documento oficial.
Los grupos pro-vida han criticado duramente la iniciativa, mientras asociaciones proabortistas celebraron que por fin el Congreso se haya decidido a tocar un tema tabú. Los grupos feministas dijeron en un comunicado que en 1990 el Congreso despenalizó el aborto por violación y el aborto eugenésico (feto con malformaciones genéticas), pero en el primer Gobierno de Alan García éste no promulgó la norma por presión del clero. La Iglesia, de momento, no se ha pronunciado oficialmente.
Ahora, la comisión especial, integrada por parlamentarios, representantes del Ministerio de Justicia, del Colegio de Abogados de Lima y de las Universidades, tiene el encargo de revisar y elaborar un proyecto de ley para modificar el Código Penal, que después deberá ser discutido en el Congreso. Hace dos semanas, esta comisión acordó modificar el artículo 112 del Código para permitir a los jueces eximir de sanciones a las personas que interrumpan la vida de un enfermo, siempre que éste lo solicite expresamente.
El acuerdo de la comisión sobre la eutanasia se hizo público nada más conocerse la decisión sobre el aborto. El martes 6 de agosto, este grupo de trabajo aprobó modificar los artículos del Código Penal por cuatro votos a favor y sólo dos en contra. Uno de los votos favorables lo emitió una representante del Ministerio de Justicia, contraviniendo la opinión de su institución, que se ha expresado en contra a través de su titular, el ministro Aurelio Pastor.
También el presidente de la comisión, el congresista Carlos Torres Caro, ha expresado públicamente su desacuerdo. "Debo lamentar la decisión adoptada. No estoy de acuerdo porque soy un defensor de la vida y de los derechos humanos", manifestó el parlamentario.
Defensores de la decisión
Las que han expresado su conformidad son las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer. De acuerdo con la ONG Flora Tristán, en Perú se producen cada año 100.000 abortos clandestinos, la gran mayoría en terribles condiciones. Bajo el eufemismo de tratamientos para solucionar el "atraso menstrual", las clínicas ilegales que practican abortos anuncian sus servicios en las calles e incluso en las páginas de clasificados de algunos diarios. Pese a ello, la fiscalía sólo registró 109 denuncias por abortos durante 2008, según el diario El Comercio.
"Considero que se ha dado un paso importante. Hay que partir del hecho de que en este país muchas mujeres incurren en el aborto clandestino sin contar siquiera con las mínimas condiciones para proteger su vida", explica Gina Yáñez, directora de la ONG Manuela Ramos.
La propuesta aún está en pañales, ya que el proyecto que presente la comisión especial ni siquiera está terminado y una vez que lo esté será largamente discutido en el Parlamento, donde ya se han expresado posiciones encontradas. "Es lamentable que existan opiniones que avalen la destrucción de un ser humano, y peor aún si éste es o podría ser una persona con discapacidad. Es cierto que la tecnología y la ciencia avanzan a pasos agigantados y podrían prever una situación de discapacidad futura, pero también es cierto que la ciencia crea mejores condiciones de vida para ellos", señaló la congresista Ada Lazo.
A favor se manifestó la congresista Lourdes Alcorta: "Creo que la despenalización ayudará a enfrentar casos como el de una niña de 8 años que ha sido violada y está embarazada. La decisión es difícil, lamentablemente", dijo.
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