El Congreso investigará las cintas destruidas de la CIA sobre Al Qaeda

Mientras la Casa Blanca intenta aislar la crisis como un asunto exclusivo de indisciplina dentro de la CIA, tanto el Departamento de Justicia como el Congreso han anunciado investigaciones a fondo sobre la destrucción de grabaciones de interrogatorios de dos miembros de Al Qaeda, mientras presuntamente eran sometidos a torturas.

La portavoz de la Casa Blanca ha asegurado que el presidente, George W. Bush, no recuerda haber conocido el caso hasta que se lo mencionó esta semana su consejero Nacional de Seguridad, Stephen Hadley. "Le pregunté al presidente si conocía las cintas, su existencia o su destrucción, y dijo que no tenía recuerdos de eso. No recordaba haber sido puesto al tanto del tema antes de la mañana de ayer", dijo la portavoz.

Sin embargo, fuentes de la Administración reconocieron en la noche del viernes que Harriet Miers, consejera del presidente hasta hace un año, sabía de la existencia de tales cintas y se opuso a su desaparición. El diario The New York Times contaba en su edición de ayer que tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia desaconsejaron a la CIA, en 2003, destruir las cintas.

Enfado

Citando fuentes gubernamentales, el periódico neoyorquino informaba de que José Rodríguez, jefe del Directorio de Operaciones -el servicio más clandestino de la CIA- y que se retira este año, desoyó todas las voces y ordenó la destrucción en noviembre de 2005 sin ni siquiera informar al abogado de la Agencia, John Rizzo, quien manifestó su enfado sobre la decisión tomada. Esta información refuerza la tesis mantenida por el actual director de la CIA, Michael Hayden, que proclama que la decisión fue tomada exclusivamente dentro de la Agencia.

Las promesas de investigación por parte del Departamento de Justicia y de los comités de inteligencia de ambas cámaras del Congreso pueden situar a la CIA ante la acusación de obstrucción a la justicia al haber destruido y no aportado las pruebas recogidas en los testimonios de los primeros sospechosos de terrorismo detenidos en las cárceles secretas tras los ataques del 11-S.

"No sabemos si fue un intento de obstruir la justicia, de evitar el escrutinio del Congreso o si simplemente fueron destruidas ante el temor a que fueran descubiertas", dijo el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, John Rockefeller. "Sea lo que fuere, hay que llegar al fondo de la cuestión", finalizó el demócrata.