China intensifica la represión contra activistas y disidentes del régimen

El Gobierno chino ha lanzado una dura campaña de represión contra disidentes, abogados, artistas y otros intelectuales, en un aparente intento de atajar cualquier posibilidad de que se produzca un movimiento similar a la revolución del jazmín que ha sacudido los países árabes desde principios de año. Al menos 54 activistas y otros críticos con el Gobierno del Partido Comunista Chino (PCCh) han sido detenidos o han desaparecido desde febrero, según informó ayer Chinese Human Rights Defenders (CHRD), una organización de defensa de los derechos humanos, con miembros tanto dentro como fuera de China. Varios han sido acusados oficialmente de querer subvertir el poder del Estado, en algunos casos por hacer circular información sobre los llamamientos a las manifestaciones del jazmín.

La última detenida es Ni Yulan, abogada defensora de los expropiados forzosos

La última persona en ser detenida ha sido una abogada llamada Ni Yulan, de 49 años, conocida por su defensa de personas a las que se les ha expropiado su vivienda. Ni Yulan quedó minusválida a causa de una paliza de la policía en 2002 tras filmar la destrucción de la casa de un cliente, y fue encarcelada. En 2008, volvió a ser enviada a prisión y golpeada por la policía por defender a gente que había sido expulsada de su casa para hacer sitio a las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Pekín. Fue puesta en libertad en abril del año pasado. Su marido, Dong Jiqin, también está desaparecido, según CHRD.

La abogada ha sido acusada de "causar alboroto". Según fuentes próximas a Ni citadas por Reuters, se había cuidado mucho para no verse envuelta en las convocatorias de protestas. Su detención es una nueva muestra del nerviosismo de las autoridades y su intención de sofocar cualquier movimiento de derechos civiles.

Liu Xiaoyuan, otro abogado, se encuentra igualmente en paradero desconocido desde el jueves pasado. Liu colocó un mensaje en su microblog, en Sina Weibo -similar a Twitter-, ese mismo día, en el que aseguraba que era seguido por alguien. Después, no se ha vuelto a saber de él. La semana pasada, aseguró a la agencia Reuters que había asesorado a la familia del renombrado artista y disidente Ai Weiwei, de 53 años, quien está en poder de la policía desde que fue interceptado el 3 de abril en el aeropuerto de Pekín cuando iba a viajar a Hong Kong. Las autoridades solo han dicho que está siendo investigado por "delitos económicos".

Otro activista, Yang Qiuyu, de 48 años, que lucha por los derechos de los peticionarios, fue arrestado el 6 de marzo y ha sido condenado a dos años de "reeducación por el trabajo", un sistema que permite a la policía y otros departamentos privar a la gente de libertad hasta cuatro años sin juicio. Yang pensaba publicar en Internet fotos de las fuerzas de seguridad desplegadas en un barrio de Pekín en el que había sido convocada una de las protestas. Un joven de 21 años que acudió a otra de estas convocatorias en Pekín fue sentenciado también a trabajos forzados la semana pasada. Al menos seis abogados de derechos humanos -entre ellos, Teng Biao y Jiang Tianyong- han desaparecido desde febrero.

Las revueltas en Oriente Próximo y el norte de África han llevado a las autoridades a lanzar la campaña de detenciones, con objeto de abortar cualquier conato de levantamiento. Las convocatorias, en febrero, a realizar concentraciones de protesta, efectuadas por una página web en Estados Unidos, fueron recibidas con una tajante respuesta policial.

En China no existe un sentimiento generalizado de ira contra el Gobierno, similar al de Egipto o Túnez, gracias a su pujante economía, a la creciente influencia internacional del país, y a que el nivel de vida de la gente ha mejorado sin cesar en los últimos años. Pero hay amplios sectores de la población descontentos con el PCCh. Desde víctimas de la corrupción oficial y las expropiaciones forzosas, a colectivos cristianos, miembros de las minorías tibetana y musulmana y partidarios de reformas democráticas.

La campaña de acoso, bajo responsabilidad del poderoso Departamento de Seguridad Pública, ha alcanzado también a la prensa extranjera. A principios de marzo, más de una docena de corresponsales fueron llamados a capítulo, interrogados en sesiones grabadas en vídeo y acusados de haber incumplido unas poco claras normativas para filmar o entrevistar en los lugares designados para las protestas en Pekín y Shanghái. Fueron amenazados con ser detenidos o retirarles el visado si volvían a cubrirlas.

El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados aseguró el jueves pasado que está preocupado "por la intimidación, el abuso y el empeoramiento de la situación de los abogados de derechos humanos en China", donde, según dijo, "un catálogo creciente de secuestros por parte de las autoridades chinas ha creado un clima de miedo".