Brasil se divide ante la sustitución de la cárcel por pulseras electrónicas

Ante la sangrante situación de hacinamiento, insalubridad y abandono en que viven muchas cárceles brasileñas, el Ministerio de Justicia estudia seriamente la posibilidad de soltar a cerca del 20% de los reclusos, unos 80.000, y de controlar sus movimientos mediante pulseras o tobilleras electrónicas. El proyecto, explicado a EL PAÍS por el director del Departamento Penitenciario Nacional (Depen), Airton Michels, beneficiaría a la población carcelaria considerada de baja peligrosidad: aquellos presos que no hayan puesto en riesgo o atentado contra la vida de nadie y que estén pendientes de juicio, o los condenados por primera vez que hayan dado muestras de buen comportamiento y que estén cerca de acceder al régimen semiabierto.

La idea ha partido del Depen, que entiende que el problema de la superpoblación de las prisiones brasileñas se ha convertido en un dragón de siete cabezas al que ya es imposible combatir por las vías convencionales. "Estamos analizando otras formas de contención de la libertad, apoyándonos en las tecnologías existentes y en la experiencia de otros países. Todo se haría tras un debate social y otro legislativo. Aquí nadie va a imponer nada", explica Michels, consciente de la polémica que ha generado la noticia.

"Es excesivamente optimista pensar que el problema de la superpoblación de las cárceles en Brasil se puede resolver con esta medida", opina el sociólogo Ignacio Cano. "La situación en el interior de las prisiones es muy preocupante, con un cuadro que incluye falta de derechos básicos, condiciones de vida mínimas y ausencia del Estado", explica.

Prisiones infernales

El hacinamiento y la falta de una política penitenciaria suficientemente dotada de recursos económicos y humanos convierten las cárceles brasileñas en lugares dantescos: la basura y los desechos se acumulan en los pasillos, y los presos acopian armas y teléfonos móviles con los que se comunican con el exterior sin ningún tipo de cortapisas. Todo ello ante la mirada de unos funcionarios de prisiones que con no poca frecuencia acaban entrando en la rueda de la corrupción o que se entregan a la práctica de una violencia desenfrenada. Conclusión: las cárceles de Brasil, lejos de cumplir objetivos elementales de reinserción social, son a día de hoy semilleros de delincuentes y contribuyen a engordar las filas de las bandas criminales responsables del narcotráfico y del boyante negocio de las armas ilegales. "Es una situación muy grave", confirma Michels.

Según el proyecto, en fase de estudio, la puesta en libertad bajo control electrónico de una buena parte de los presos que hoy se concentran en las cárceles y las comisarías pretende frenar una vertiginosa tendencia de crecimiento de la población penitenciaria, que aumenta anualmente a un ritmo del 6,5%. Entre 2000 y 2009, el número de presos se ha duplicado, lo que pone de manifiesto que Brasil está entre los países más activos del mundo en la siempre tortuosa tarea de detener y encarcelar delincuentes.

Un Estado con 473.000 presos

El año pasado se contabilizaron en las prisiones y comisarías del país algo más de 473.000 presos. Uno de los grandes problemas radica precisamente en la alarmante situación que viven las comisarías: el hacinamiento en las cárceles se ha vuelto tan insostenible que las autoridades penitenciarias optan por mantener a los detenidos, muchas veces de forma totalmente ilegal, en los calabozos de los recintos policiales. Según los datos del Ministerio de Justicia, las comisarías brasileñas cuentan con capacidad para acoger a 15.000 detenidos. Sin embargo, son 58.000 personas las que hoy abarrotan esas celdas, todas ellas pendientes de juicio y en la mayoría de los casos en unas condiciones más degradantes que las de las prisiones.

Lógicamente, en un país como Brasil, donde la seguridad pública es una de las principales preocupaciones de la población, la idea de soltar a casi 80.000 presos, por mucho que permanezcan en sus casas controlados por tobilleras o muñequeras, ha levantado ampollas en la opinión pública. Hasta tal punto, que los dos principales candidatos a la presidencia, ambos ya inmersos en campaña, se han visto forzados a manifestar sus reservas ante la medida. "Las tobilleras no deben servir para soltar a más presos, sino para controlar a los que ya se benefician del régimen semiabierto", declaró el socialdemócrata José Serra. Por su parte, la candidata del actual Gobierno, Dilma Rousseff, negó que el proyecto vaya a suponer la puesta en libertad en masa de presos.

Mientras el Gobierno brasileño explora nuevas vías para desahogar este infierno carcelario, 478 millones de reales (más de 200 millones de euros) serán destinados en breve a la construcción de nuevos centros de detención provisional que albergarán a unos 35.000 detenidos pendientes de condena y que hoy se amontonan en las comisarías.