Berlusconi se hace cargo de la cartera de Industria tras la dimisión del ministro

Los escándalos de corrupción se acumulan en torno a Silvio Berlusconi. El primer ministro ha dicho ante un grupo de senadores de su partido que hay en marcha un "complot exterior" contra él que tratará de hacer caer al Ejecutivo con nuevos dossiers que implican a sus ministros. Tras la dimisión, ayer, del titular de Desarrollo Económico (Industria), Claudio Scajola, hombre fuerte del Gobierno y estrecho colaborador de Berlusconi desde hace 16 años, el primer ministro ha decidido ganar tiempo para nombrar un sustituto y ha tomado bajo su mando la cartera ministerial. La oposición ha definido el gesto como "el colmo del conflicto de intereses", ya que de ese ministerio depende el sector de las comunicaciones.

Berlusconi teme el efecto dominó, una "cascada de acusaciones" contra sus ministros. A su juicio, es evidente que hay "un ente externo" que ha organizado "una trama" que irá sacando papeles para erosionar al Gobierno. Sus aliados no lo ven tan claro y toman distancia. Gianfranco Fini ha dicho que él no cree "en conjuras" y que el Ejecutivo "debe defender firmemente la legalidad". Y Umberto Bossi se ha limitado a señalar: "Los jueces hacen su trabajo".

El último caso abierto es el de Denis Verdini, diputado y coordinador nacional del PDL, investigado por la fiscalía de Roma por corrupción. Según la hipótesis de la acusación, originada en 2008 en la Dirección Antimafia, Verdini lideraba un "comité de negocios" que repartía de manera ilícita contratas públicas en Cerdeña en el sector parques eólicos. Ayer, en Florencia, la policía registró el Credito Cooperativo Fiorentino, un instituto bancario que preside Verdini y que se encuentra bajo inspección de la Banca de Italia, en busca de pruebas. El diputado de la mayoría, que también está implicado en la investigación de los contratos de los eventos de Protección Civil, se ha defendido hoy diciendo que es "completamente ajeno" a los hechos que se le imputan.

Otro turbio caso de imprevisibles consecuencias señala directamente al Vaticano y a un ex ministro de infraestructuras del anterior Gabinete de Berlusconi, Pietro Lunardi. Se trata de la compraventa, en 2004, de un palacio romano del siglo XVII, situado en la céntrica Via dei Prefetti. Según los fiscales de Perugia, el cardenal de Nápoles, Crescencio Sepe, vendió el palacio, de 42 habitaciones, a Lunardi por 2,8 millones de euros, un tercio de su valor real, dejándose en la operación varios millones de euros. El notario que dio fe es el mismo que firmó la venta del piso del ya ex ministro Scajola.

La noticia, englobada en el gran escándalo de la Protección Civil -varios dirigentes y acusados tienen orígenes democristianos, como Scajola o Angelo Balducci- ha provocado desconcierto en el Vaticano. Sobre todo porque el Código Canónico indica que la Iglesia no podrá vender bienes "por debajo de su precio estimado".

La oposición parece dispuesta a dar finalmente la batalla. El secretario del Partido Demócrata, Pierluigi Bersani, ataca: "Estamos ante un verdadero carrusel de Estado. Contratas secretas, funcionarios públicos corruptos, dinero trasferido ilegalmente al extranjero y lavado gracias al escudo fiscal (aprobado por el propio Gobierno). Ante hechos como estos no se puede decir que toca actuar a la magistratura. Aquí le toca al Ejecutivo decirnos qué se esconde en el hueco de la escalera de la República y aclarar una historia que parece será todavía más turbia de lo que hemos visto hasta ahora".

Por su parte, el líder de Italia de los Valores, Antonio di Pietro, ha afirmado: "Si hay tres o cuatro ministros en una situación similar a la de Scajola, creo que el gobierno entero debería irse a casa y lo más rápido posible". El portavoz de Izquierda, Ecología y Libertad, Nichi Vendola, ha dicho que el 'caso Scajola' "es el síntoma de una enfermedad grave que afecta en general a la política, y de forma específica a Berlusconi y el berlusconismo".