Un examen para ser andorrano

Los andorranos de primera generación (hijos de padres extranjeros) que deseen obtener la plena nacionalidad y con ello el derecho a participar en la vida política del país deben someterse a un denominado examen de asimilación. Ante un tribunal, los aspirantes tienen que acreditar su conocimiento de la lengua, historia, instituciones y geografia del Principado y demostrar que sus ideas y conducta son las adecuadas. El mantenimiento de esta medida tras la última reforma del Código de la Nacionalidad ha provocado en Andorra una campaña en la que los afectados incitan a la desobediencia civil, rechazando el examen.

La entrada en vigor, el pasado 8 de septiembre, de la ley de Reforma del Código de la Nacionalidad Andorrana de 11de marzo de 1977 no ha supuesto la derogación o modificación de la letra explicativa de aplicación de la antigua norma, que fue dictada por los delegados permanentes de los copríncipes el 13 de julio de 1977.Según esta letra explicativa, el artículo 28 del Código de la Nacionalidad dispone que los nacidos en el Principado antes del 1 de enero 1975, de padres extranjeros, podrán obtener la nacionalidad andorrana siempre que uno de los dos progenitores tenga domicilio y residencia efectiva en Andorra durante un período ininterrumpido de 20 años como mínimo. El documento exige, además, "una apreciación, por parte del M. I Consell General de les Valls [Parlamento], sobre el grado de asimilación [al país] del solicitante".-Y justifica la necesidad de esta "apreciación" en que "según el espíritu del Código, la pertenencia a una comunidad nacional no depende únicamente del hecho material de haber nacido en un país, sino también de unas determinadas disposiciones de espíritu".

"¿Por qué estas determinadas disposiciónes de espíritu no se ex¡gen también alos hijos de padres andorranos?", se pregunta. uno de los afectados. "A ellos ya se les supone", le respondo irónicamente uno de sus compañeros.

La denuncia de los andorranos de primera generación afectados por la norma ha encontrado el apoyo de numerosos jóvenes andorranos de plena nacionalidad, que se sienten "avergonzados" de que en su país todavía se discrimine a las personas en razón del origen de sus progenitores. Uno de ellos es Oriol Ribas, que a su juventud (21 años), añade la circunstancia de ser hijo de Óscar Ribas, el único andorrano de primera generación que ha presidido el Gobierno del Principado, y que, durante su mandato impulsó la iniciativa de reformar el Código de la Nacionalidad.

En un artículo aparecido en El Punt, una publicación de circulacion restringida, titulado Del desencís a la vergonya (Del desencanto a la vergüenza), Ribas intentaba reflejar el sentir de los jóvenes cuya plena nacionalidad ya se encuentra reconocida por el hecho de ser "genéticamente puros". Ribas declaró, a este diario que la pervivencia del Tribunal de Asimilación "es una muestra de fiagrante discriminación". "Un tribunal", opinó, "formado por los M. J.. consellers generals, que a través de la ciencia infusa que les proporciona el cargo, juzgan el grado de asimilación de unos andorranos iguales a ellos que han cometido un crimen terrible y repudiable: sus padres no son andorranos".

La conducta y las ideas

El objetivo del examen de asimilación no es únicamente el de demostrar un conocimiento suficiente de la lengua, la historia, la geografía y las instituciones del país, sin o que ademásel. aspirante debe. acreditar "un mínimo de vida y actividades en el país" que permitan al tribunal "apreciar su actitud en relación al Principado y el interés demostrado por los asuntos del país", según reza la letra explicativa.Este aspecto de la ley es especialmente criticado por el hecho de que la obtención de la plena nacionalidad es condición indispensable para votar y para poder ser elegido, derechos ambos que es imposible ejercer sin contar con la plena nacionalidad.

Para acceder al examen los aspirantes deben acompañar la solicitud de un buen número de documentos, entre los que figura un certificado de buena conducta. "Es decir, que si no hay buena conducta no hay voto" comentó Ribas.

La "discriminación", el "agravio" y la "vejación" que supone para los afectados el paso ante el tribunal, al que, por otra parte, no conceden "ninguna legitimidad", ha motivado que muchos de ellos, aún a costa de renunciar por el momento a sus derechos políticos, se nieguen a acudir al examen, adoptando de esta forma una de las pocas medidas de protesta o de presión permitidas en el país. Al menos así se desprende del contenido del artículo de Oriol Ribas cuando se muestra solidario con esta postura: "Podría ponerme a hacer pintadas pero probablemente sería reprimido con la dureza con que habitualmente la policía trata estos casos. Las manifestaciones no se autorizan (oh! Estado de Derecho) y por tanto, no procede. He decidido hacer este artículo y a través del mismo declararme de forma unilateral ciudadano de primera generación: renuncio por tanto a mi Derecho de Voto hasta que no haya igualdad entre todos los andorranos. Porqué, lo que no haré (o no haría), e incito a la desobediencia civil y pacífica de todos los andorranos de primera generación, es presentarme ante el Tribunal de Asimilación".

La permanencia de este examen es valorada en algunos medios políticos de oposición como una medida adoptada por los que actualmente detentan el poder para amortiguar los efectos que tendrá en las urnas el hecho de que, por primera vez, podrán votar los andorranos de plena nacionalidad que hayan cumplido los 18 años.

Esta acusación ha sido rechazada enérgicamente por Dot Martí, conseller general (diputado) y miembro del tribunal de asimilación. Los días 14 y 15 de este mes el tribunal examinó a unos 130 aspirantes y se realizarán una o dos convocatorias más en los próximos días. Martí subrayó que este hecho demuestra "nuestra voluntad de facilitar a los andorranos de primera generación que cumplan los requisitos exigidos para ejercer sus derechos políticos en los próximos comicios".

A pesar de ello, las voces críticas consideran que Ia democracia continuará amordazada en el Estado de Andorra hasta que no se adopten las medidas legislativas que permitan la unificación de los andorranos, sin discriminaciones generacionales ni de origen".