La vocal del PNV en el Poder Judicial será la llave de la comisión disciplinaria

La vocal nacionalista del PNV Margarita Uría tendrá la llave en la comisión disciplinaria del nuevo Consejo del Poder Judicial (la que estudia en primera instancia las sanciones a los jueces). Dos vocales propuestos por el PSOE (Miguel Carmona y José Manuel Gómez Benítez) y otros dos por el PP (Gemma Gallego y Pío Aguirre; éste, como presidente) conforman la citada comisión, junto a Uría. Si hay discrepancias entre los vocales del PP y PSOE, el voto de Uría desempatará. En el anterior Consejo, fue esta comisión, con los votos de la mayoría conservadora, la que decidió imponer al juez Rafael Tirado una multa de sólo 1.500 euros en relación con el caso de la niña Mari Luz.

No obstante, la comisión disciplinaria sólo puede imponer faltas tipificadas hasta graves. Las muy graves son competencia del pleno, donde PP y PSOE se han repartido 18 de los 20 vocales (9 cada uno), a los que hay que unir el voto del presidente y el de los dos vocales nacionalistas (uno del PNV y otro de CiU).

Además de esta comisión, el pleno del Consejo de ayer, ya con Carlos Dívar como presidente, eligió por unanimidad como vicepresidente al vocal conservador Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana, y como portavoz a la progresista Gabriela Bravo.

El pacto entre PP y PSOE sobre el reparto de poder en este Consejo se ha cumplido, pues, a rajatabla. Aun así, Dívar y Bravo se esforzaron ayer en proclamar la "independencia" de este Consejo del poder político. Bravo subrayó que los vocales, una vez que aceptan el cargo, son "inamovibles" y, por tanto, "independientes". Sin embargo, eludió explicar si sólo era una "coincidencia" el que los nombres de Dívar y De Rosa fuesen anunciados desde La Moncloa cuando ellos ya eran vocales electos y sin que ni siquiera se hubiesen reunido.

Bravo sí destacó el "amplio debate y talante dialogante" que ha presidido la designación de los vocales de las comisiones, que recogen, dijo, "todas las sensibilidades" del nuevo Consejo. Por otro lado, este órgano quiere evitar "los amiguismos" en la elección de los cargos judiciales. Por ello, el pleno acordó reformar el actual reglamento e imponer que sea la "capacidad y mérito" de los aspirantes la base de los nombramientos, de acuerdo con los establecido por el Tribunal Supremo en el caso del juez del 11-M, Javier Gómez Bermúdez, cuyo nombramiento revocó tres veces por falta de argumentos.

El consejo acordó ayer crear tres comisiones nuevas: la de modernización e informática, la de reforma del reglamento y la de relaciones con las Comunidades Autónomas. Sobre este nuevo órgano, la portavoz indicó que es importante "redimensionar" las necesidades del Consejo al mapa autonómico, con el fin de acercar la justicia al ciudadano.