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La viuda del último fusilado por Franco presenta una demanda

Pide responsabilidades en Argentina por el asesinato

Treinta y cinco años después del fusilamiento de Luis Sánchez Bravo, condenado a muerte por el último consejo de guerra de la dictadura franquista, su viuda ha decidido presentar una demanda en Buenos Aires para pedir responsabilidades. Silvia Carretero tenía 21 años y estaba embarazada cuando fue detenida y torturada por la Guardia Civil en la localidad española de Badajoz por su militancia en la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española), la sección universitaria de la organización armada FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota).

Su marido, también de 21 años y miembro del FRAP, había sido detenido, juzgado por el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose y condenado a muerte en el último consejo de guerra de la dictadura franquista. Pese a la presión internacional y las gestiones del Vaticano para tratar de frenar los fusilamientos, la sentencia se cumplió el 27 de septiembre de 1975 -apenas dos meses antes de la muerte del dictador- y Sánchez Bravo fue uno de los cinco últimos ejecutados por el régimen de Francisco Franco.

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Su esposa fue recluida en la cárcel madrileña de Yeserías sin juicio hasta que un informe médico, que advertía de los peligros que suponía el encarcelamiento para su embarazo, le permitió quedar en libertad provisional. Silvia Carretero huyó a París, donde tuvo una hija, y no regresó a España hasta finales de 1976, después de la primera amnistía general.

La mujer ha decidido denunciar ahora el caso de Sánchez Bravo y el suyo propio para exigir que se declare la ilegalidad del tribunal que condenó a muerte a su marido. Afirma que ha mantenido un largo silencio porque consideraba que no se daban las condiciones en España para denunciar los hechos. "Reclamo que se juzgue a todas las personas que participaron en esa represión", afirma la mujer, que defiende la inocencia de Sánchez Bravo y asegura que le arrancaron su confesión con torturas.

Su demanda incluye a los responsables de sus propias torturas, de las que todavía tiene marcas en las manos y las muñecas.

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