Las víctimas exigen que ETA condene todo su pasado para la reinserción

No basta con condenar la violencia terrorista como arma política. ETA y las organizaciones de su entorno deben condenar todo su historial delictivo de casi mil muertos si quieren participar en el juego democrático. Así los establece el documento consensuado por todas las asociaciones -salvo Voces contra el Terrorismo, presidida por Francisco José Alcaraz- y que ayer enviaron al presidente José Luis Rodríguez Zapatero y a cada uno de los ministros de su Gobierno; al líder de la oposición, Mariano Rajoy; a todos los grupos parlamentarios, y a diputados, senadores, parlamentarios autonómicos vascos y navarros y agentes sociales.

El texto, encabezado por una carta de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, fija lo que, según las organizaciones de víctimas, debería convertirse en "principios rectores" sobre el final del terrorismo de ETA. Entre ellos, recoge como "condición democrática básica" la reprobación de la historia de ETA, algo que debe cumplir tanto la banda como su entorno. "Tal condena debe ser exigida como uno de los mínimos sin cuyo cumplimiento no es posible ni reinserción particular alguna ni participación en el juego democrático", mantienen las organizaciones en el documento. Esta condición debe exigirse tanto a la banda y sus organizaciones satélites como a sus presos. "Hay mucha gente temerosa de exigir esto a ETA", dice el texto.

Las asociaciones piden que la política penitenciaria no sea "política de gracia"

El documento se ha enviado a Zapatero, Rajoy y a diputados y senadores

Las organizaciones alertan también a los políticos sobre las tretas utilizadas por la banda en los últimos años para poder presentarse a las elecciones y recuerda que ETA "se asfixia fuera de las instituciones". Por eso, advierten de que sus manifestaciones para poder presentarse a las municipales de 2011 "están trufadas de adornos semánticos y maniobras ambiguas que hacen imposible comprobar que no haya tongo o engaño, como ha sido habitual en todos estos años".

El documento exige, además, que no exista ningún tipo de impunidad contra los miembros de la banda "antes, durante o tras el fin de ETA" y reclaman que no se caiga en el juego semántico de la organización terrorista y de la izquierda abertzale, que, a juicio de las asociaciones, está "siempre plagado de palabras torticeras, tacticismos malintencionados y dobles sentidos para engañar". También piden que la política penitenciaria -con la que el Gobierno y la Audiencia han otorgado permisos y semilibertades a presos disidentes de la banda en los últimos meses- no se convierta en una "política de gracia" y que las medidas de reinserción se apliquen individualizadamente y no de modo colectivo.

Otra persona que se pronunció ayer sobre los continuos rumores que apuntan a un nuevo comunicado de ETA de abandono definitivo de las armas fue el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, que aseguró que el camino hacia la paz y la libertad "lo van a marcar los demócratas y, en ningún caso, lo que diga ETA en uno, en dos o en tres comunicados".

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado interrogar al presidente del PSE, Jesús Eguiguren, sobre el paradero del dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, porque, según el magistrado, "nada aportaría ni serviría" para conocer dónde se encuentra. El presidente de la asociación de víctimas Voces contra el Terrorismo, José Francisco Alcaraz, lo solicitó a Moreno después de que Eguiguren comentara en un programa de televisión sus contactos con el miembro de la banda durante el fallido proceso de paz.

En su resolución, Moreno sigue el criterio del fiscal que había señalado que era "evidente" que las declaraciones del dirigente del PSE se referían a "épocas pasadas" y que las conversaciones con Ternera "no constituyen prueba fehaciente de la localización del imputado".