El toque de la izquierda

La mejor manera de que no exista racismo es echar a los negros. Ése ha sido, en bruto, uno de los argumentos más utilizados por la derecha europea para alejar los miedos de su electorado. Hace ya años que la derecha descubrió que podía aplicar ese principio a la inmigración en general, especialmente en cuanto se empiezan a sentir los efectos de una crisis económica y comienza a aumentar el paro entre los nacionales, que son, precisamente, quienes ejercen el derecho a voto. La novedad ahora es que la izquierda, muerta de miedo ante el indudable efecto que todo lo relacionado con la inmigración tiene en su propio electorado, ha empezado a descubrir el mismo guión. Eso sí, con un toque muy suyo: en el fondo se trata de expulsarlos por estrictas razones humanitarias.

Sinceramente, lo peor de la Directiva sobre el Retorno de inmigrantes que ha pretendido aprobar esta semana la Comisión Europea, con el apoyo del Gobierno socialista español, es la desvergüenza de pretender presentarla como un avance en defensa de los derechos de los inmigrantes irregulares. Para evitar que Gobiernos energúmenos mantengan detenidos a inmigrantes irregulares por tiempo indefinido se pretende que todos nos convirtamos en energúmenos que los tienen detenidos 18 meses sin decisión judicial previa y con un control que se ejerce a posteriori, nada menos que "tan pronto como sea posible". (En el caso español, ahora, la orden de detención la tiene que firmar un juez, que la revisa periódicamente. Imagínense lo que puede pasar si se detiene a los inmigrantes sin permiso de trabajo por decisión administrativa y luego se espera a que el juez de turno encuentre un momento libre).

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, probablemente ejerciendo su conocido sentido del humor, aseguró que se trata de una directiva destinada a que la apliquen Suecia, Holanda, Reino Unido y Dinamarca, entre otros países en los que no existe límite de detención y en los que, gracias a nuestro empeño democrático, la situación de los irregulares mejoraría muy notablemente. En nuestro caso, dijo, la directiva no haría falta porque somos más garantistas y nuestros irregulares están mucho mejor protegidos. Eso sí, el Gobierno va a aumentar el periodo de detención, porque los 40 días actuales no son suficientes para completar los trámites de expulsión, aunque seguramente no llegaremos a los seis meses que fija la directiva ni, desde luego, a los 18 meses de máximo.

La lectura del programa electoral del PSOE, elaborado mientras se discutía, y defendía, en Bruselas la dichosa directiva, le deja a uno, sin embargo, un cierto mal cuerpo. Dice así: "Proceder a una modificación del actual periodo de 40 días de detención de los inmigrantes irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ampliándolo a un periodo homologable con el resto de los Estados miembros de la UE y que permita el tiempo necesario para llevar a cabo los trámites de identificación y repatriación" (el subrayado es mío).

El autoproclamado afán protector y democrático del Gobierno español no es compartido afortunadamente por todos los socialistas en Europa. Los franceses (un país en el que Sarkozy todavía no ha conseguido modificar el periodo máximo de detención, que es de 32 días, el menor de la UE) están muy en contra. También los socialistas italianos. Su portavoz en el Parlamento Europeo, Claudio Fava, parece que no ha entendido una palabra de las buenas intenciones españolas. Él considera que la directiva es más bien "una degradación jurídica que trata a los inmigrantes como subespecie humana".

La derecha europea tampoco comparte unánimemente esa directiva. Es cierto que algunos quieren endurecerla aún más, pero también que hay eurodiputados de esos grupos que se echan las manos a la cabeza. Y por lo menos hay que reconocer que el portavoz del PP Europeo, el alemán Manfred Webber, tiene el buen gusto de no disfrazar las cosas: "Los centros de internamiento son instrumentos para presionar psicológicamente a los detenidos". La idea es muy simple: "O te vas o te meto en la cárcel". Nada menos que 18 meses.

Lo que tiene que quedar claro es que la Directiva 2008 disminuye las garantías jurídicas contempladas en la de 2005. En concreto resulta gravemente restrictivo el artículo 7, párrafo tres: "Los Estados miembros podrán adoptar una decisión administrativa, resolución judicial o acto independientes por los que se ordene la expulsión". Si tener en Europa una política común de inmigración supone tener que aceptar la equiparación de una orden judicial y de una decisión administrativa, sería francamente mucho mejor para la salud del sistema democrático renunciar a esa política conjunta. Siempre será mejor soportar una sociedad cínica que unas leyes que legalizan y amparan ese cinismo. Y si el Gobierno español sufre por no ver avanzar los derechos democráticos de los inmigrantes irregulares, no tiene más que empezar por casa y revisar las lamentables condiciones de nuestros propios Centros de Internamiento de Extranjeros. Que casualmente han sido denunciados por jueces y no por decisiones administrativas. solg@elpais.es