Los taxis madrileños tendrán cámaras conectadas al 112

Los taxis madrileños dispondrán de cámaras de vigilancia conectadas a una central de alarmas, subvenciones para instalar sistemas de videovigilancia o GPS y podrán asistir a cursos de autoprotección para mejorar su seguridad, gracias a un convenio de colaboración firmado esta mañana entre la Comunidad de Madrid y las asociacones de taxistas. Las nuevas medidas, que llegan un año después de que Esperanza Aguirre las prometira, dejan moderadamente satisfechos a los trabajadores de este servicio, que querían que el Gobierno regional corriera con los gastos de instalación de mamparas en sus vehículos, la única defensa que realmente puede protegerles a su juicio.

La presidenta Aguirre ha firmado este protocolo de colaboración con el presidente de la Asociación Gremial de Autotaxi, Antonio Arrondo, y con el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Mariano Sánchez -son las dos asociaciones mayoritarias en la región-. Según ha explicado la presidenta, acompañada del consejero de Presidencia Justicia e Interior, Francisco Granados, el pacto afectará a las más de 16.000 licencias que existen en la región. "La Comunidad de Madrid se compromete a subvencionar las mejoras que redunden en más seguridad para los taxistas", ha dicho la jefa del Ejecutivo regional, para quien "si no hay seguridad, no hay libertad".

"Los taxistas son unos profesionales que muchas veces tropiezan con problemas de seguridad, porque el conductor de un vehículo está indefenso, lleva bastante dinero en efectivo, no cuenta con dispositivos de alarma eficaces y esta expuesto a la inseguridad", ha reconocido Aguirre para justificar la necesidad del protocolo, que se firma un año después de la última muerte de un taxista. Se llamaba Daniel Aníbal Aguilera Gramajo, tenía 50 años, y fue asesinado la madrugada del sábado 19 de octubre. La presidenta madrileña recordó que este protocolo se firma un año después de que asesinaran a un taxista en la región. "Hace un año, el 22 de octubre de 2007, tres día después del último asesinato de un taxista, me reuní con el sector me comprometí a que la Comunidad de Madrid haría todas las actividades posibles para mejorar su seguridad. Este compromiso se materializa hoy", ha dicho.

Avisos sin filtro

De las 16.000 licencias, 5.000 ya cuentan con un dispositivo de seguridad que conecta con el Centro de Emergencias de la Comunidad de Madrid 112 y que se acciona cuando el profesional detecta alguna situación de peligro. Este sistema de localización, alerta y seguimiento del taxi a través del 112 que estaba basado en la tecnologías GPS y data de 1999. El problema está en se recibían miles de aviso sin filtro, muchos de ellos falsos. Ahora, se establece un sistema más eficaz, como son las cámaras de vigilancia, que permiten verificar la situación atendiendo a las imágenes. Así, el sistema de cámaras estará conectado con una central de alarmas que, tras verificar la situación atendiendo a las imágenes recibidas, comunicará con el 112.

Además, los taxistas que lo deseen podrán recibir un curso de autoprotección, impartido en la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid. Las clases en materia de seguridad que se impartirán bajo el título habilidades, control y autoprotección en situaciones conflictivas para taxistas. Con ellas, se busca desarrollar un mayor nivel de serenidad, control, autoconfianza y eficacia ante situaciones conflictivas. En virtud del acuerdo los taxistas contarán con subvenciones para reforzar la seguridad de los vehículos, mejorar los sistemas de alarma y la localización móvil.

Al margen de la seguridad, contempla otras mejoras: la Comunidad concederá subvenciones de hasta 12.000 euros para la adquisición de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida; ayudas de hasta 2.000 euros para la compra de vehículos de energía alternativa y se promoverá la contratación de mujeres -se subvencionarán los costes salariales del primer año con un máximo de 3.000 euros por personas y 9.000 por empresa-. Las ayudas previstas en el convenio partirán de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que financiará el sistema de vigilancia; y de la Consejería de Transportes e Infraestructuras y de Economía y Hacienda.