Más que sospechas

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz, aseguró el pasado día 5, ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que el servicio secreto no había encontrado indicios de que hubieran cometido delito en territorio español los ocupantes de los llamados vuelos de la CIA. En cambio, no se quiso pronunciar sobre las escalas en bases españolas de aviones de EE UU con origen o destino a Guantánamo, alegando que no era competencia suya.

Saiz fue preciso en su expresión. No quería decir que los vuelos de la CIA (es decir, los aviones civiles fletados por la agencia estadounidense de espionaje para secuestrar a sospechosos de terrorismo y trasladarlos a cárceles secretas o entregarlos a países donde se practica la tortura) no hubieran cometido delito. Sino que, por lo que se sabía, no lo habrían cometido en España.

El juzgado quiere que se identifique a controladores y oficiales de servicio

Hay algo más que sospechas en torno al Boeing 747 que el 23 de enero de 2004 despegó desde Palma de Mallorca rumbo a Macedonia. Una vez allí, recogió al ciudadano alemán Khaled el Masri, que había sido previamente secuestrado, y lo llevó a Kabul (Afganistán), donde estuvo ilegalmente encarcelado. Lo que sucede es que el delito se habría cometido en Macedonia o en Afganistán. No en España.

Se diría que el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, hubiera escuchado a Saiz ya que, en los últimos tiempos, sus pesquisas se orientan más a aclarar el paso por las bases españolas de aviones con rumbo a Guantánamo que a seguir la pista de los llamados vuelos de la CIA.

En septiembre pasado, el magistrado dictó una providencia en la que solicitaba que se identificara y localizara el domicilio de los oficiales de vuelo, oficiales de aeropuerto y controladores militares y civiles de las bases de Morón de la Frontera (Sevilla), Rota (Cádiz) y Torrejón de Ardoz (Madrid) que estaban de servicio los días en que hicieron escalas aviones con origen o destino al campo de prisioneros construido en la isla cubana.

El juez reclamó los registros de vuelos de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y del Ministerio de Defensa. Y envió una comisión rogatoria a Portugal para recabar los datos del centro de control aéreo de Azores, que no siempre coinciden con los españoles.

Moreno actuó a petición de la Fiscalía, que le dio un nuevo impulso al sumario, en el que hasta ahora sólo ha declarado Khaled el Masri.

La investigación judicial se inició hace ya cuatro años, cuando un grupo de ciudadanos mallorquines, encabezados por el letrado Ignasi Ribas, presentó una denuncia por los supuestos delitos de detención ilegal, secuestro y torturas relacionados con los aviones de la CIA que hicieron escala en el aeropuerto de Son Sant Joan, según informó Diario de Mallorca.

La denuncia tuvo que atravesar un largo periplo antes de recalar en la Audiencia Nacional, ya que jueces y fiscales mallorquines discrepaban sobre a quién correspondía el caso.

El juez Moreno no está, sin embargo, solo. Un tribunal de Milán abrió proceso por el secuestro del mulá Abu Omar, que fue secuestrado el 8 de junio de 2003 en Milán y conducido por la fuerza a Egipto, con escala en la base estadounidense de Ramstein (Alemania). El ex jefe del servicio secreto italiano Nicola Pollari y 26 ex agentes de la CIA están acusados en el caso.

También el Parlamento europeo y el Consejo de Europa han realizado exhaustivas investigaciones con conclusiones demoledoras para la política de lucha contra el terrorismo de Bush.