No sólo de trajes vive el hombre

La negativa del Partido Popular a reconocer las claras huellas del crimen dejadas en la Comunidad Valenciana por la trama Correa (una red mafiosa montada para el saqueo de fondos públicos administrados por altos cargos de Partido Popular) ha superado el listón del cinismo político y la desvergüenza moral para elevarse a los cielos de la irracionalidad psico-patológica. Como le sucediera en la década de los noventa al PSOE con su propia financiación irregular, el PP tampoco metaboliza la idea de que la acción de la Justicia en un Estado de derecho es lenta pero implacable.

Lo más grave de las jactanciosas palabras pronunciadas la semana pasada por Francisco Camps en las Cortes Valencianas sería que el Muy Honorable Presidente se las creyera de verdad: la incapacidad para asumir la realidad le condenaría entonces al destino de juguete político roto. En su furtivo encuentro -como caballeros embozados que acuden secretamente a una cita conspirativa en territorio neutral- de hace ocho días, Camps aclaró a Rajoy que no está dispuesto a ofrecer el cese-dimisión de Ricardo Costa -secretario general del PP regional- como primer chivo expiatorio.

Si la doctrina sobre el cohecho del TSJCV se impusiera, cualquier otro cargo público podría recibir impunemente "un inmueble, un millón de euros..."

Entre tanto, las investigaciones policiales y la tramitación judicial de las tres piezas del sumario de la trama Correa, dividido por los aforamientos procesales, continúan su imparable marcha.

1. El Supremo sigue instruyendo la causa del senador y ex tesorero del PP, Bárcenas, y del diputado Merino.

2. El instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha levantado el secreto de una parte de las actuaciones sumariales pero lo mantiene sobre las investigaciones policiales en curso.

3. Un demoledor informe (basado en conversaciones telefónicas grabadas con autorización judicial) enviado este verano por la Brigada de Blanqueo de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera a los diferentes tribunales competentes en la materia arroja una nueva luz sobre el escándalo: la financiación ilícita del PP se suma ahora a los sobornos individualizados con trajes o dinero. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazó ese informe policial con el pretexto de que la instrucción del caso Camps estaba cerrada. Ricardo Costa -que podría ganarse la vida explotando en las televisiones su irresistible comicidad gestual, ambulante, indumentaria y oratoria- llegó hasta el extremo de promover la presentación de una denuncia contra la policía (rechazada sólo 48 horas después). El TSJM, en cambio, parece dispuesto a investigar el informe de la Brigada.

4. El auto de sobreseimiento libre de Camps dictado el 1 de agosto por el TSJCV ha provocado una denuncia por prevaricación contra el presidente del tribunal procedente del grupo parlamentario Iniciativa del Poble Valencià. La razón es que "la íntima y sentida relación" del magistrado Juan Luis de la Rúa con Camps -más que amistad, según éste- le obligaba a abstenerse. Sin embargo, el presidente del TSJCV deshizo a favor del Muy Honorable Camps el empate a votos entre los otros dos magistrados del tribunal para conseguir su sobreseimiento.

5. La fiscalía pide al Supremo la casación del auto de 1 de agosto del TSJCV por infracción de ley y quebrantamiento de forma. La fundamentación jurídica del escrito -apoyada en la jurisprudencia del Supremo- reduce a pavesas la retorcida interpretación de la figura delictiva del cohecho impropio inventada por el TSJCV con el solapado propósito de exonerar a Camps; baste señalar que el auto no sólo confirma que el Muy Honorable Presidente aceptó de mil amores los trajes regalados por la trama Correa, sino que además mintió ante el juez para ocultar su gesto de gorronería. Si la doctrina sobre el cohecho del TSJCV se impusiera, cualquier otro cargo público -señala el escrito de la fiscalía- podría recibir también impunemente "un inmueble, un vehículo de lujo, un millón de euros" de rumbosos donantes al estilo de la trama Correa. El fiscal considera, por el contrario, que ese tipo de dádivas "pretende poner en nómina al beneficiario" a fin de que no tenga "posibilidades físicas o morales" de negarse cuando el cortejante le requiera algún día para que le devuelva el favor. Además, la instrucción no ha concluido: pueden seguir apareciendo documentos -como el informe de la Brigada de Blanqueo- sobre el caso Correa.