El segundo desahucio en 24 horas en Torrejón, aplazado

Entre 60 y 70 personas han logrado hoy impedir que una segunda familia se quede sin casa en 24 horas en la misma calle de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. El afectado, Luis Mendes, un inmigrante de Guinea-Bissau en paro, tendrá hasta el día 10 de enero para buscar una solución al problema o un techo donde cobijarse. Al igual que ayer, un fuerte dispositivo policial, el de hoy compuesto por una treintena de antidisturbios, ha intervenido para garantizar que la comisión judicial hiciera su trabajo. Durante la concentración de apoyo, un joven ha sido detenido y varios han sido desalojados a rastras del portal del número 7 de la calle Soria, donde vive Luis, de 40 años y con ocho hijos en su país.

La policía ha hecho acto de presencia a las ocho de la mañana, a sabiendas de que iban a concentrarse en la puerta. Dos horas antes, ha acudido un grupo pequeño, a los que se han ido sumando más. Hay un ambiente de mucha tensión y nerviosismo. La comisión judicial tenía previsto acudir a comunicar la medida sobre las once de la mañana. Un cuarto de hora después, han llegado al portal, donde han sido recibido al grito de "¡vergüenza!". "¿Dónde está el alcalde, que no está con los ciudadanos?", han gritado también. Una chica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que llevaba a la protesta junto al 15-M, ha hecho una señal de victoria desde la ventana. Tras ella, ha salido el propio Luis, compungido, a explicar que ha logrado un aplazamiento hasta el 10 de enero. Una chica ha contado el triunfo por teléfono a una amiga: "¡Tía, lo hemos logrado, se ha parado el desahucio hasta enero!".

El afectado firmó en 2002 una hipoteca de 118.000 euros por su piso, que también figura a nombre de un amigo ("si no, no me la daban"). Hasta 2010, trabajaba en la construcción, ingresaba una media de 1.800 euros y mandaba 250 euros mensuales a su mujer. Desde entonces, está desempleado. Hace unos meses se le acabó el paro. No sabe cuánto dinero le sigue reclamando el banco ni qué hará cuando le echen de su casa, pero todo apunta a que Luis va a correr la misma suerte que Consuelo, desalojada ayer de su casa en esa misma calle, un destino que espera a otros dos vecinos de la misma calle.

Ayer, unos 20 antidisturbios evitaron que unas 60 personas paralizaran por segunda vez el desahucio de Consuelo, una inmigrante ecuatoriana que debe dos años de hipoteca. Su marido está en el paro y ella trabaja por horas en una empresa de limpieza por 370 euros al mes. El banco le sigue reclamando 183.000 euros. Consuelo tiene tres hijos que ha mandado de regreso a Ecuador. Ella también se iría si no fuera porque entre sus avalistas figura su hermana, que heredaría su deuda si ella se esfumara.

Los siguientes desahucios afectarán al número 8, donde vive una familia de Filipinas que debe muchas cuotas de su alquiler. Él (no quiere dar su nombre) era cocinero hasta hace cuatro años. Ella trabaja como interna en una casa y no ingresa lo suficiente para pagar la renta y sus gastos. Y también al número 7, donde reside la familia de Nelly Moreira, ecuatoriana, que debe dos años de hipoteca y ya ha recibido las primeras notificaciones del desahucio. Trabajaba en una fábrica de cosmética. Ahora limpia por horas sueltas. "Hoy me han salido 25 euros por tres horas", explica al teléfono. "Pero tengo que restarle los siete euros del transporte".

David Muñoz, socio de la inmobiliaria Aragón, que hace esquina en uno de los extremos de esta calle, resume en un momento la crisis: "En 2007, un piso medio de esta calle costaba 210.000 euros. Ahora, tenemos varios por 60.000 y no los vendemos".