La segunda fuga del narco 'inversor'

Sus colegas le llaman Pepe Pelopincho por su erizada cabellera. José Antonio Pouso vivía en Ribeira (A Coruña) cuando decidió colgar el mandil de camarero y ponerse al servicio de las mafias del norte de la ría de Arousa que florecieron a comienzos de los años noventa. Con sus compinches, fletaba cargamentos de cocaína y hachís, aliado con las históricas bandas del sur, que por aquel entonces aún no habían sido víctimas de la Operación Nécora (1990).

Apenas tenía 33 años cuando fue detenido por primera vez, en una de tantas macroredadas de la Audiencia Nacional. El exjuez Carlos Bueren le implicó en 1993 en el marco de la Operación Santino por dos envíos de droga junto a otros 40 presuntos narcos. Tras cuatro años en prisión preventiva, el máximo legal, salió en libertad provisional a la espera de juicio. En 1997 fue condenado finalmente a cuatro años y medio de cárcel; meses después, se le impuso otra pena de ocho años. Pero nunca entró en prisión: cuando fueron a buscarlo, ya había huido.

Tras su primera huida, se escondió en Galicia y se puso a comprar casas Su abogado también escapó, llevándose dinero a nombre de los hijos del capo

Pese a tener una orden internacional de detención a sus espaldas, Pepe el de Ribeira no perdió el tiempo. La policía sospecha que regresó a Galicia, con las valijas llenas de dinero, para vivir de incógnito en Valga, un pequeño pueblo de Pontevedra. Desde allí comenzó a comprar pubs y otros negocios de hostelería.

Llevando una vida más o menos discreta para no levantar sospechas, Pelopincho empleó a más de 30 testaferros para encubrir sus inversiones. Sus padres, hermanos, hijos y hasta sus cuatro amantes, chicas a las que había traído de Brasil para sus locales de alterne, no salían de las notarías. En 2003 ya había blanqueado más de 15 millones de euros.

Pelopincho fue arrestado al fin en diciembre de 2004 en la Operación Cormorán, el mayor proceso instruido en Galicia por blanqueo de dinero y cuyo juicio comenzará antes del verano en la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Esta investigación marcó el camino de una cascada de causas posteriores, casi todas incoadas por investigaciones de la Agencia Tributaria, y que en seis años han permitido inmovilizar 700 millones de euros en bienes y dinero de la droga. De los recientes golpes de Hacienda no se han librado históricos clanes familiares del narcotráfico, ya tocados, como Los Charlines, Sito Miñanco, y Laureano Oubiña.

Un listado de 50 folios detalla las inversiones de Pelopincho: 36 fincas, entre rústicas y urbanas; otros tantos locales comerciales; 43 pisos y cuatro chalés; más lo que pudiera tener fuera de España. Este patrimonio afloró en una larga investigación que inició una juez desde un modesto juzgado de instrucción del municipio pontevedrés de Caldas de Reis, y que luego continuarían cuatro magistrados más con la ayuda inestimable de un paciente funcionario.

Asesorado por un abogado de Pontevedra, Manuel Franco Argibay, experto en la defensa de narcotraficantes, Pelopincho invirtió 600.000 euros en la entidad Arte y Naturaleza, a la que compró unos valiosos facsímiles de manuscritos medievales y renacentistas. Dos de los directivos de la firma están imputados en el proceso contra el narcotraficante. Las reproducciones fueron localizadas en uno de los chalés, en el municipio de Brión, en un zulo contiguo a su despacho, al que se accedía con mando a distancia. En un hueco de la pared de su cuarto de baño se encontraron 831.000 euros y 345.000 dólares, además de relojes y cadenas de oro. Además, tenía más de un millón de euros en cuentas bancarias y otros tres en fondos.

Pese a su empeño por pasar desapercibido, Pelopincho tenía dos debilidades: los coches y las joyas. Hasta 35 vehículos se le han intervenido, aunque ninguno tan llamativo como el Ferrari del abogado. Tras la detención del narco, sus hijos sacaron gran cantidad de dinero de otro de sus escondrijos -un piso en la localidad asturiana de Pravia- para entregárselo al letrado, lo que permitió la captura de este en 2005.

A partir de su detención en diciembre de 2004, Pelopincho pasó casi seis años entre rejas, cumpliendo las dos condenas que tenía pendientes -en total, 12 años y medio-. Al tiempo, se encontraba en prisión provisional por un delito continuado de blanqueo de dinero -por la Operación Cormorán-, por el que se pedía para él seis años de cárcel.

En noviembre de 2010, el juez y la fiscalía acordaron su libertad provisional. El fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, que comparte la acusación en el caso con el fiscal antidroga Luis Uriarte, explicó con ironía que, de seguir en prisión preventiva, Pelopincho no solo habría cumplido la condena a la que se enfrentaba "sino que incluso se estaría en deuda con él".

El fiscal hacía referencia a la doctrina de doble cómputo del Tribunal Constitucional, la misma que sirvió para la excarcelación, luego revocada, del etarra Antonio Troitiño. Según esta, se debe restar de las penas el tiempo que el interno haya pasado en prisión provisional, aunque sea por una causa diferente de la que motivó el encarcelamiento preventivo.

Ya en la calle, Pelopincho debía personarse cada 15 días en el juzgado, pero dejó de hacerlo al poco tiempo. Cuando los 33 tomos del sumario llegaron en febrero pasado a la Audiencia de Pontevedra, el tribunal solicitó a la Policía Judicial su localización. Pero las fuentes judiciales consultadas no tienen dudas de que se ha fugado, después de medio año sin aparecer ante el juez y teniendo en cuenta sus antecedentes.

Para rematar esta historia, una de sus amantes denunció la "desaparición involuntaria" del narco, que podría haber sido víctima de un ajuste de cuentas, semanas después de salir de la cárcel. La Policía Judicial ha puesto en cuarentena la denuncia por su "contexto sórdido y oportunista". Aunque el desenlace denunciado no resulta descabellado, fuentes judiciales se inclinan más bien a pensar que es una coartada: "Estaba agobiado por las deudas; además, tenía muchas mujeres y muchos hijos a los que alimentar".

Pelopincho habría seguido en tal caso el camino de su abogado, Manuel Franco Argibay, que desapareció en 2007 tras pagar una fianza de dos millones de euros y está en busca y captura. Antes de fugarse, el letrado retiró de un banco de Valença do Minho (Portugal) 1,2 millones de euros a nombre de los dos hijos menores de edad de su cliente.

Por si fuera poco, además de la desaparición del narco y de su abogado, en los preámbulos del juicio también se notificó al tribunal la muerte de la madre de Pelopincho, imputada por blanqueo.