El secuestro del Constitucional

Con independencia del galimatías jurídico del caso, la renuncia anteayer a sus cargos de Elisa Pérez Vera, Javier Delgado y Eugeni Gay como magistrados del Constitucional (TC) fue una valiente defensa moral de los fueros y la dignidad del alto tribunal frente a su interesada instrumentalización por los partidos a través de sus grupos parlamentarios. La última agresión al intérprete supremo de la Constitución ha corrido a cargo del PP, que ha encomendado a Federico Trillo las funciones de estrategia de la Guerra Sucia Institucional librada en ese terreno: tras haber saboteado durante tres años -de 2007 a 2010- la renovación del TC por el Senado, los populares se disponen ahora a realizar esa misma labor en el Congreso.

El cupo de magistrados reservado al Parlamento se ha convertido en botín de los dos grandes partidos

La petición de los magistrados dimisionarios ha sido rechazada por el presidente Pascual Sala. La dificultad jurídica de la renuncia de los tres jueces constitucionales estriba en que no se hallan propiamente en posesión de sus cargos (por expiración del plazo de su nombramiento) sino solo en el ejercicio de sus funciones hasta el nombramiento de sus sucesores. En cualquier caso, es una falacia aludir -como hizo el presidente Sala- a la necesidad de "garantizar la estabilidad" del alto tribunal: el TC habría mantenido el quórum suficiente para seguir funcionando -ocho magistrados- sin la presencia de los dimisionarios.

Nunca mejor dicho que quien dicta la ley hace la trampa. La designación de los 12 miembros del TC, juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional seleccionados entre jueces, fiscales, profesores universitarios, funcionarios públicos y abogados, ha sido confiada por la Constitución al Poder Legislativo (ocho magistrados elegidos a partes iguales por el Congreso y por el Senado), al Poder Ejecutivo (dos nombrados a propuesta del Gobierno) y al Poder Judicial (dos votados por su Consejo General). El reconocido prestigio exigido a los jueces implica competencia jurídica, excelencia intelectual, coherencia moral e independencia de criterio respecto a centros heterónomos de poder partidista, financiero y religioso.

La exigencia de los tres quintos impuesta al Congreso y al Senado para nombrar a los miembros del TC pretende garantizar el pluralismo político e ideológico de la institución. Pero el cupo de magistrados del Constitucional reservado al Parlamento se ha convertido en botín de los dos grandes partidos de ámbito estatal, que vienen reuniendo en comandita mas del 80% de las actas. Al principal partido de la oposición le basta con ocupar 141 escaños del Congreso para disponer de una minoría de bloqueo que le permite congelar indefinidamente la renovación del alto tribunal. Se da por supuesto que los grupos implicados en esa negociación buscan el consenso sobre todos y cada uno de los candidatos. Sin embargo, socialistas y populares han consagrado la viciosa práctica de repartirse primero entre sí unas cuotas numéricas proporcionales a su fuerza parlamentaria y rellenar después esos casilleros en blanco por su cuenta y riesgo atendiendo a la fidelidad y a la obediencia de los pretendientes.

El mandato de nueve años de los magistrados elegidos por el Congreso en noviembre de 2001 venció hace ya seis meses; el cupo asignado a la Cámara baja incluyó en su día, además de los tres magistrados ahora dimisionarios, un cuarto juez fallecido en mayo de 2008. Los cínicos dirán que ese retraso es una menudencia si se compara con la prórroga forzosa de tres años aplicada a los cuatro magistrados designados en 1998 por el Senado.

La dilación fue hasta tal punto escandalosa que populares y socialistas hicieron aprobar a matacaballo el 4 de noviembre de 2010 una reforma dudosamente constitucional del artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal (LOTC) para poder descontar a los nuevos magistrados el abusivo tiempo usurpado por sus predecesores.

El PP prolonga ahora en el Congreso la misma estrategia seguida antes en el Senado. Los populares se aferran a su minoría de bloqueo para obstruir cualquier negociación de buena fe con los socialistas a la espera de que una gran victoria en las próximas elecciones generales les proporcione una mayoría absoluta tan holgada en la Cámara baja que les permita ampliar su cuota. La insistencia en hacer tragar al PSOE la figura de Enrique López, el magistrado de sala de la Audiencia Nacional sin 15 años de ejercicio profesional que desempeñó a entera satisfacción cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial las funciones de asistente para todo del Gran Capitán Federico Trillo, no es sino un burdo pretexto.