La "salida traumática" de la tregua de 2000

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiere evitar una "salida traumática" a la ruptura del alto el fuego de ETA, como lo fue su precedente de 1998, cuando gobernaba José María Aznar. La tregua de aquel año, rota en noviembre de 1999, se saldó con un duro enfrentamiento entre los Gobiernos central y vasco, y entre los partidos nacionalistas y no nacionalistas. Junto a aquella situación de enfrentamiento político, ETA desarrolló una campaña terrorista, de enero de 2000 a mayo de 2003, que dejó medio centenar de personas asesinadas, preferentemente entre sectores no nacionalistas.

La ruptura de la tregua indefinida de ETA en noviembre de 1999 se produjo ocho meses antes de la elección de Zapatero como secretario general del PSOE, en julio de 2000. A los pocos días de su nombramiento, Zapatero tuvo que viajar a Euskadi para asistir al entierro del ex gobernador civil de Guipúzcoa, el socialista Juan María Jáuregui.

La situación política vasca estaba muy crispada. Mientras ETA mataba a representantes de sectores no nacionalistas (concejales, intelectuales, jueces, periodistas, policías...), el Gobierno de Aznar entraba en confrontación con el del lehendakari Juan José Ibarretxe, lo que repercutió en una precaria colaboración entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza.

La sociedad vasca estaba partida en dos entre los partidos nacionalistas -vinculados aún por el Pacto de Lizarra de septiembre de 1998, que dio cobertura política a la tregua de ETA- y los partidos no nacionalistas, el PSE y el PP. Los incidentes en el funeral de Jáuregui y la manifestación en protesta por el asesinato del dirigente del PSE Fernando Buesa, en febrero de 2000, expresaron el grado de enfrentamiento entre nacionalistas y no nacionalistas.

Esta situación se consagró en las elecciones autonómicas vascas de mayo de 2001, en que Ibarretxe ganó al bloque no nacionalista -el PP, de Jaime Mayor, aliado al PSE, de Nicolás Redondo- gracias a la gran movilización de los votantes nacionalistas, que reaccionaron frente al bloque no nacionalista con una participación inédita en unas elecciones autonómicas. El resultado de aquella confrontación con el Gobierno de Aznar fue el plan Ibarretxe, una propuesta soberanista de reforma del Estatuto, gestada en 2003, que dividió más aún a la sociedad vasca.

Aznar utilizó el Estado de derecho para atacar a ETA y su entorno, con la Ley de Partidos, de 2003, emanada del Pacto Antiterrorista de 2000, que contó con el apoyo socialista en respuesta a la actitud excluyente del nacionalismo vasco.

Pero Aznar extendió su ataque al nacionalismo democrático con la reforma del Código Penal, de diciembre 2003, que permitía encarcelar al lehendakari por promover un referéndum, a lo que se opuso el PSOE. "Aznar aprovechó la mayoría absoluta que tuvo en 2000 para penalizar al nacionalismo, al que ya no necesitaba para gobernar", señalan fuentes gubernamentales.

La situación política cambia con la victoria de Zapatero en marzo de 2004, que inicia el deshielo con Ibarretxe, al que recibió en La Moncloa en junio de ese mismo año. No obstante, Ibarretxe presenta su plan soberanista en las Cortes españolas en febrero de 2005, donde es derrotado por el PSOE y el PP. En las elecciones autonómicas de mayo de ese año, Ibarretxe pierde cuatro escaños y congela su plan. Paralelamente, el PSE, de Patxi López, y el PNV, presidido por Josu Jon Imaz desde comienzos de 2004, empiezan a tender puentes. Imaz corrige la estrategia soberanista dominante en el PNV desde 1998 con Xabier Arzalluz.

Y Zapatero implicó a Imaz en el proceso de paz, iniciado con el alto el fuego de ETA de marzo de 2006. Le pareció básico contar con la complicidad del PNV, según fuentes gubernamentales. De ahí que la ruptura del alto el fuego de ETA, el 30 de diciembre del año pasado, se produjo en un contexto político muy distinto al de 1998. "Hemos aprendido de la etapa anterior y no vamos a cometer los mismos errores", según las mismas fuentes.

Sobre esta base, el Gobierno, tras la ruptura de este proceso, trata de distinguir entre ETA, la izquierda abertzale y los partidos nacionalistas. "Zapatero no va a actuar contra todos como hizo Aznar en 2000. A ETA, como banda terrorista, se le aplican el Estado de derecho. La izquierda abertzale no es lo mismo que ETA, como ha proclamado el auto del juez Garzón. Lo que hay que lograr es que condene la violencia y se reafirme en las vías políticas. Y con los partidos nacionalistas democráticos hay que contar para cualquier política de Estado en Euskadi", según fuentes gubernamentales.

De ahí que la política antiterrorista del Gobierno se centre, en primer lugar, en tratar de detener y entregar a la Justicia a los terroristas de ETA, con la utilización de los mecanismos del Estado de derecho (actividad de las Fuerzas de Seguridad; de la Justicia y de la colaboración internacional, especialmente, con Francia).

En esa política, el Gobierno ha buscado, a lo largo de estas semanas, la más estrecha colaboración institucional con el lehendakari Ibarretxe, lo que se está traduciendo en una cooperación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza, muy importante para afrontar el desafío de ETA, con un serio acoso operativo.

En el terreno político trata de recuperar la unidad democrática de todos los partidos contra el terrorismo, especialmente con el PNV, como primer partido vasco, y con el PP como primer partido de la oposición. "El objetivo de la unidad democrática es aislar políticamente a ETA", explican mismas las fuentes.

Para contribuir al aislamiento de los terroristas, el Gobierno está evitando tomar medidas indiscriminadas. No quiere ir más allá de lo que marca la Ley de Partidos, que exige a las formaciones políticas rechazar la violencia. El Gobierno cree que es un mensaje suficiente para la izquierda abertzale, cuya anunciada reflexión sigue porque sabe que "muchos sectores de sus bases discrepan del atentado del 30 de diciembre".

La ruptura de la tregua de 1998 supuso a Batasuna la escisión de Aralar y una caída en las autonómicas vascas de 2001 -las últimas en que se presentó antes de ser ilegalizada- de 14 a 7 escaños. "Hay que facilitar la reflexión en la izquierda abertzale contra la violencia y no dar pasos que la impidan", afirman las mismas fuentes. De ahí que, pese a las presiones del PP, el Ejecutivo de Zapatero no haya propuesto la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en euskera) ni retomar el caso Egunkaria. Tampoco lo ha hecho la Fiscalía General del Estado. Y el juez Garzón sostiene que la izquierda abertzale ni forma parte ni colabora con ETA.