El reto maldito de arrebatar a Franco el Valle de los Caídos

Franco resiste. Casi 35 años después de su muerte, la democracia ha conseguido echarlo de las plazas que presidía a caballo, ha retirado cientos de placas que recordaban a los caídos por Dios y por España y ha cambiado el nombre a las calles que homenajeaban a sus sanguinarios generales. Pero el monumento que el dictador ideó para inmortalizar su victoria, el mayor símbolo del franquismo y la fosa común más grande de España, el Valle de los Caídos, sigue intacto, regido por los mismos principios y decretos que él dejó atados y bien atados.

El mausoleo se ha convertido en una herencia maldita para los Gobiernos democráticos que han querido rediseñar su gestión -el primero que lo intentó, sin éxito, fue Felipe González en 1984-. Ayer, en el Senado, todos los partidos políticos salvo el PP instaron al Ejecutivo a "romper el cordón umbilical con el franquismo", en palabras del senador de IU Joan Josep Nuet (autor de la iniciativa), o a convertir "un monumento a la humillación de los que dieron su vida por defender a un Gobierno legítimo, en un monumento a la educación, la democracia y los valores constitucionales", en las del socialista Enrique Cascallana. Pero no es fácil.

El Gobierno se ha atascado en el proyecto para cambiar el significado del Valle de los Caídos, exhumar los restos de los republicanos que fueron trasladados allí y enterrados junto a su verdugo sin el consentimiento de sus familiares y convertir el lugar, "donde hoy campan a sus anchas grupos de ultraderecha", según denunció Nuet, en un museo de la memoria similar al que países europeos y latinoamericanos han instalado en los antiguos centros de tortura de sus respectivas dictaduras.

Andrés Bedate, forense y asesor personal del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y Antonio Alonso, jefe del Servicio de Genética Forense del Instituto Nacional de Toxicología, realizaron recientemente una inspección en el mausoleo para comprobar el estado de los restos allí inhumados, correspondientes a 33.847 personas, 21.317 de ellas identificadas, además del propio Franco. La primera impresión no fue buena. Por las criptas en las que fueron enterrados se ha filtrado agua que ha dañado y mezclado unos huesos con otros. Todo indica que exhumarlos e identificarlos, como desean las familias de una docena de republicanos, es imposible. Por esa razón, el Gobierno desestimó recientemente una subvención para intervenir en el Valle de los Caídos, como sí ha concedido para abrir otras fosas.

El Ejecutivo estudia cómo abordar el descomunal monumento desde el punto de vista legal -se rige aún por un decreto de 1957- y cultural -una comisión de expertos del ministerio que dirige Ángeles González-Sinde todavía no ha logrado decidir qué elementos del Valle deben ser eliminados y cuáles amnistiados por su valor artístico-. El mausoleo ni siquiera es propiedad del Estado, aunque es Patrimonio Nacional quien corre con los gastos de su mantenimiento.

El Senado dio ayer un nuevo plazo, este de seis meses, al Gobierno para que encuentre la fórmula de arrebatar a Franco su última plaza.